Las patronales CEOE y Cepyme aprobaron este martes por unanimidad la prórroga de los ERTE por la crisis de la Covid-19 hasta el 31 de mayo ofrecida por el Gobierno, pese a no haber conseguido su principal objetivo: recortar las medidas de prohibición del despido. La extensión no pudo aprobarse este martes por falta de tiempo, así que irá al Consejo de Ministros el martes que viene.
Con esta decisión, la patronal cede a la presión después de que, en los últimos días, su posición haya estado en el aire frente al bloque de sindicatos y Gobierno, que apoyaban el texto. Los empresarios querían suavizar la cláusula que prohíbe despedir a las empresas que se hayan acogido a un ERTE durante seis meses bajo pena de tener que devolver todas las ayudas recibidas si lo hace, y pedían que únicamente hubiera que renunciar a las exenciones recibidas por el trabajador despedido.
No obstante, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó este martes que no habrá cambios con respecto a la actual norma e insistió en varias ocasiones en que la cláusula se mantiene "en su estricta literalidad". Díaz agradeció a los agentes sociales que no hayan apurado el plazo para alcanzar un pacto para extender los ERTE, pero exigió a los empresarios que dejen "atrás los prejuicios y confíen en este Gobierno".
En líneas generales, el texto acordado extiende casi sin cambios la normativa actual. Estas pequeñas modificaciones son técnicas: se plantea, por ejemplo, la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos. Al mismo tiempo, se introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos sin necesidad de autorización administrativa.
Asimismo, se han añadido varios sectores al grupo de los que pueden beneficiarse de los ERTE por fuerza mayor más protegidos para cubrir, según las fuentes consultadas, a unos 50.000 trabajadores más. Estos ERTE suponen que las empresas se vean exoneradas de pagar el 85% de las cotizaciones sociales de los empleados –el 75% para aquellas compañías de más de 50 trabajadores–. De ellos ya podían beneficiarse empresas dedicadas al turismo, la hostelería o ciertas actividades relacionadas con la cultura, así como también otras que hayan facturado al menos la mitad de sus ingresos de 2019 a estos sectores.
Aún 700.000 empleados en ERTE
El texto aprobado mantiene otras de las medidas vigentes desde hace meses, como la prohibición de repartir dividendos a las empresas que se acojan a un ERTE, cuyos trabajadores tampoco podrán realizar horas extraordinarias. De igual forma, seguirán sin poder acogerse a estos expedientes las compañías que operen en paraísos fiscales.
Además, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y el paro que reciban equivaldrá al 70% de la base reguladora aunque estén afectados por un expediente más de seis meses.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.
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