Los recursos invertidos y paralizados ascendieron a 20.607.984,24 euros, siendo el origen de la mayor parte de las paralizaciones la falta de abono de las certificaciones de obra o la demora en los pagos por parte de los ayuntamientos por la falta de recursos para continuar con su ejecución.

Algunas de las obras paralizadas recibieron financiación de la Comunidad Autónoma para su realización y no la aplicaron en su totalidad a los fines previstos y no se justificaron y liquidaron las subvenciones ante la entidad concedente en los plazos inicialmente fijados y de acuerdo con las condiciones establecidas.

Así lo ha hecho saber el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de la Región de Murcia, según informaron fuentes de este organismo.

Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objeto la fiscalización de la gestión económico-financiera llevada a cabo por los ayuntamientos de la Región de Murcia en relación con el patrimonio inmobiliario de titularidad municipal en los que no se desarrollaba actividad y con obras en curso paralizadas, así como de su situación contable.

Se han analizado, asimismo, las actuaciones de arrendamiento de inmuebles para el desarrollo de su gestión ordinaria y la prestación de sus servicios, y su relación con la existencia de patrimonio inmobiliario sin uso.

La fiscalización ha tenido como objetivos comprobar la existencia en los ayuntamientos de edificaciones sin uso, identificando el destino original de las mismas, sus usos anteriores, las causas por las que se encontraban sin uso, los costes derivados de su mantenimiento y la existencia de planes para su aprovechamiento en el futuro, así como valorar la disposición de inmuebles arrendados para el desarrollo de su gestión ordinaria y la prestación de servicios en relación con la existencia de inmuebles propios sin uso.

Igualmente, se han analizado las obras públicas paralizadas en cada entidad, las causas que determinaron dicha paralización y sus posibles repercusiones; así como, la verificación de la situación contable de las entidades en relación con dichos bienes y obras.

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las 37 entidades locales de más de 5.000 habitantes de la Región de Murcia, y el ámbito temporal ha abarcado desde 1 de enero de 2017 hasta 30 de junio de 2019.

CONCLUSIONES

El Tribunal ha detectado que los inventarios de bienes de los ayuntamientos, como instrumentos de gestión y control del patrimonio municipal, "no han cumplido sus funciones, al no disponer de ellos algunas entidades o encontrarse desactualizados en la mayor parte de las mismas y no contener la totalidad de la información exigida".

En cuanto a los inmuebles en los que no se desarrolla actividad y a las obras públicas paralizadas, la fiscalización ha observado que las incorporaciones de los inmuebles al patrimonio de los ayuntamientos "en muchas ocasiones se realizaron sin que estuvieran enmarcadas en proyectos donde se determinaran las necesidades p úblicas a satisfacer y los medios a emplear".

"Los inmuebles se han mantenido sin uso durante periodos de tiempo muy dilatados, superando en la mayor parte de los casos los veinte años", según el Tribunal, que advierte que "casi el 30% de los mismos nunca llegó a utilizarse desde su incorporación a los patrimonios municipales".

Asimismo, en el Informe se indica que los ayuntamientos titulares de la mayor parte de los inmuebles sin uso no han adoptado medidas ni disponían de planes o previsiones para ponerlos en funcionamiento, enajenarlos o modificar su situación. También se ha constatado la falta de inscripción en el Registro de la propiedad y en la contabilidad de los ayuntamientos de gran parte de dichos inmuebles.

El Informe recoge las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a los responsables de las entidades locales dirigidas a que se destinen los medios necesarios para dotarse de inventarios de bienes, que contengan toda la información necesaria debidamente actualizada y a adoptar medidas para poner en funcionamiento los inmuebles sin uso, enajenarlos o modificar su situación de forma que no se prolongue aún más en el tiempo la inmovilización de los recursos empleados y la depreciación de los bienes.