Ha empezado el año muy guerrero y no tiene intención de ceder en ninguno de los procedimientos judiciales que tiene activos. Toño Sanchís no perdona el daño que algunos le hicieron durante la batalla legal y mediática que mantuvo con Belén Esteban. A pesar de que la justicia falló en su contra porque no pudo demostrar que por sus trabajos de management le correspondía el 30% de lo facturado, no va a pasar por alto la ristra de insultos y descalificaciones de los que fue víctima. 

Una persecución, dice, que le provocó graves trastornos psicológicos por los que tuvo que recibir tratamiento. No solo se hizo escarnio por su desacuerdo económico con la colaboradora de Sálvame, sino que se le acusó de haber sido desleal a su mujer, de ser titular de numerosas deudas y de haber estafado, por ejemplo, a gran parte de su cartera de representados. 

20Minutos ha podido conocer, en exclusiva, que el valenciano –ahora defendido por Javier Vasallo, experto penalista- ya ha ganado algunas de las causas que inició hace meses y por las que tendrá que ser indemnizado. No solo él, sino también su familia, pues confirman que también ha salido victorioso de aquellos procedimientos relacionados con la protección de sus hijos, todos ellos menores de edad.

La batalla final no tardará en llegar. A pesar de que está cómodo en un discreto segundo plano, Toño ni se esconde ni tiene miedo a represalias. Tanto es así que quiere verse las caras con Belén. No será en un plató, sino en un juzgado. La demanda está prácticamente lista y en ella se recogen lo que, para el representante, son atentados indiscriminados a su honor e intimidad. Sanchís la acusa de trotaconventos por desvelar informaciones estrictamente privadas que, si bien pudo conocer durante sus años de relación profesional, vulnerarían sus derechos fundamentales. 

No es la primera vez que Esteban se enfrenta a una situación similar por ir demasiado lejos. Rocío Carrasco, defendida por el mismo letrado que Toño, también ha interpuesto querella en su contra por un presunto delito de revelación de secretos que ya ha sido admitida a trámite. En este caso se señala que la otrora "princesa del pueblo" hizo públicos datos relativos a su economía a los que tuvo acceso mediante una misiva de la Agencia Tributaria que no llevaba su nombre. Será en sede judicial donde tendrá que explicar quién y por qué la hizo partícipe de esa carta.