De esta forma, la Consejería ha respondido al líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, después de que este denunciara el oscurantismo, el "chanchulleo" y la falta de transparencia por parte del Gobierno regional en la labor de rastreo.

En concreto, Conesa ha explicado que el 15 de diciembre la Consejería de Salud adjudicó un contrato de 2,1 millones de euros a una empresa constructora y de servicios de Torrevieja (Alicante) de un exconcejal del PP para contratar 50 rastreadores durante dos meses.

En este sentido, Salud ha asegurado que todos los servicios que el Gobierno regional adjudica se realizan por técnicos de Contratación, "en función de la legislación vigente", y ha incidido en que en este caso se trata de un contrato de emergencia que no necesita publicidad.

No obstante, a pesar de lo establecido en la normativa, el Gobierno regional solicitó hasta cinco ofertas, algo que "no es preceptivo en este tipo de adjudicaciones", ha apostillado la Consejería.

Una vez valoradas las ofertas por el técnico competente, la adjudicación se hizo pública el 10 de diciembre a través de la plataforma de contratación del sector público, una herramienta ministerial que "asegura la transparencia de los procedimientos de contratación, así como a cualquier persona que quiere obtener información al respecto, y así se publicó la Orden de la Consejería a propuesta realizada por la Dirección General de Salud Publica".

La ejecución del contrato dio comienzo con 151 trabajadores -personal subrogado del contratista anterior, de acuerdo con las estipulaciones del convenio colectivo de aplicación a dicho personal- y el compromiso contractual de incorporar, a requerimiento de la Dirección General de Salud Pública, a 50 nuevos rastreadores para la labor de detección precoz en la Región. En la actualidad se cuenta con 200 trabajadores de la empresa adjudicataria en estas labores.

En el momento de la adjudicación del contrato se prevé para el mismo un gasto 1.750.000 euros. "El coste definitivo del contrato vendrá determinado por el número de horas de prestación de servicio que se requiera al contratista el cual estará en función de la situación epidemiológica", ha añadido Salud.

Este contrato de emergencia incluye un precio máximo por la prestación de un servicio con la subrogación del personal existente, medios materiales, tecnológicos suministros e instalaciones para la prestación del servicio.