Así lo señala una sentencia con fecha de 1 de diciembre de 2020 que ha sido difundida a los medios por el grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento, que destaca que este fallo se suma a los recientes sobre el Museo de Bellas Artes y a la denuncia de USO.
Los regionalistas manifiestan en un comunicado que este fallo es consecuencia de la actitud tomada por un equipo de Gobierno (PP-Ciudadanos) "cegado exclusivamente en el interés político", pues destaca que la propia sentencia indica que el Ayuntamiento carece de acción para exigir la responsabilidad patrimonial.
El portavoz municipal del PRC, José Maria Fuentes-Pila, explica que el juez señala que no existe una relación de causalidad para imputar el posible daño sufrido al Gobierno de Cantabria, puesto que la anulación del PGOU fue por causas "externas y sobrevenidas".
Además, la actuación del Ejecutivo fue "correcta", ya que aprobó el PGOU "tal y como lo presentó el Ayuntamiento", actuando ambas administraciones de forma legítima.
"Estamos ante un claro caso de empecinamiento político, donde la temeridad y la mala fe de su equipo de Gobierno inicia un procedimiento a sabiendas de que carece de acción y legitimación para exigir responsabilidad patrimonial al Gobierno de Cantabria", opina Fuentes-Pila.
Asimismo, incide en que "no se nos debe pasar por alto que el perjuicio y daño económico de estas decisiones lo sufrirá el Ayuntamiento y por ende los vecinos", al tener que abonarse de las arcas municipales las costas de dicho procedimientos, cuya cuantía asciende a la suma de 78.000 euros.
Por ello, cree que "de una vez por todas las responsabilidades políticas deben salir a la luz". "Y así lo defenderemos", concluye.
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