Mediante dicha diligencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativa del TSJA ordena reclamar al Ayuntamiento alcalareño el expediente del acuerdo impugnado.

Y después de que el PP reclamase en su impugnación la suspensión del citado estudio de detalle como medida cautelar "por la grave perturbación y el perjuicio irreparable de los intereses generales y de terceros que originaría", recordando que la operación implica la demolición de dos viviendas de la plaza Cervantes, "una de ellas un edificio histórico con más de 100 años que debería haber estado protegido en el PGOU", el TSJA ordena formar "pieza separada" para resolver en torno a la medida cautelar solicitada.

El citado proyecto, rechazada por la asociación de vecinos Centro o la patronal, entre otros, incurriría según el PP en un "incumplimiento" del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Guadaíra.

"Este proyecto, aprobado en solitario por el Gobierno de PSOE y Ciudadanos, ha sido rechazado no sólo por toda la oposición en bloque, sino por los propios vecinos con miles de firmas y no cuenta siquiera con un estudio de movilidad que diga si esa es la mejor opción", alertaba al respecto el PP de Alcalá.

Además, los populares avisaban de que en caso de de prosperar, la operación "convertiría el centro de Alcalá en una auténtica ratonera, pues es materialmente imposible que la calle Conde de Guadalhorce, estrecha y llena de cocheras, pueda absorber y dar salida a todo el tráfico del centro que llegaría desde las calles Alcalá y Ortí, Pescadería y La Plata".