Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este viernes en una nota de prensa, la regidora del área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, tras constatar que el sector inmobiliario muestra una tendencia a la especulación, con precios desproporcionados e inaccesibles para los residentes en la ciudad, ha insistido en que "es imprescindible que las administraciones públicas intervengan en el mercado inmobiliario, regulando el precio de la vivienda. Hay que garantizar un derecho fundamental que se encuentra en peligro".

Para la regidora Truyol, el derecho a una vivienda digna es una responsabilidad compartida entre todos los agentes económicos y sociales.

En este sentido, ha apuntado, el Consistorio palmesano y el Govern están promoviendo más que nunca la construcción de vivienda pública y el fomento de nuevas fórmulas de acceso a una vivienda.

Sin embargo, ha advertido, "también se necesita contar con la corresponsabilidad del sector privado del mercado inmobiliario, que tiene que promover y ofrecer vivienda asequible para todo el mundo, no solo vivienda de lujo o de precios elevados, puesto que podría provocar una expulsión de la población con recursos económicos bajos o medianos. Y esto tiene una consecuencia directa: la expulsión de la mayoría de la población residente de sus barrios".

Esta corresponsabilidad, ha señalado asimismo, también ha quedado recogida en la ley de vivienda, que en su artículo 15 establece la obligación de garantizar la cohesión social, eficiencia energética y de optimización de recursos.

"Las dinámicas del mercado inmobiliario dirigidas únicamente a la maximización de beneficios económicos no es socialmente responsable y no cumple porque no se adapta a la variabilidad y diversidad de la composición de las unidades familiares o de convivencia y a lasnecesidades de grupos específicos de población, que esta normativa recoge", ha subrayado.

RADIOGRAFÍA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA

Siguiendo con la problemática de la vivienda, el área de Modelo de Ciudad de Cort ha recordado que en los últimos cinco años el precio de esta se ha visto incrementado en un 50 por ciento, a pesar de que en el 2020, a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 se ha disminuido un cinco por ciento.

"Esta situación evidencia que volvemos a vivir una segunda burbuja inmobiliaria, con consecuencias muy graves que causan una gran crisis social por las dificultades extremas para acceder a una vivienda a precio razonable", ha aseverado Truyol, quien ha añadido que "esta crisis afecta especialmente a las clases trabajadoras y populares con una disminución de ingresos que malogran su capacidad para pagar la vivienda".

"Muestra de esta realidad es el incremento de las ayudas sociales que no paran de crecer, mientras los casos de órdenes de desahucios previsto están en una media de un desahucio al día", ha hecho hincapié la regidora, quien ha dejado claro que "la Administración tiene una deuda histórica con la vivienda pública y en los últimos años se está trabajando intensamente para corregirlo".

REIVINDICACIONES

Por ello, el área de Modelo de Ciudad ha reclamado herramientas jurídicas y económicas para limitar los precios de los alquileres; corresponsabilizar a los bancos; proceder a la suspensión inmediata e indefinida de lanzamientos judiciales; perseguir a los fondos buitre y hacer salir al mercado pisos vacíos; y ejecutar nuevas promociones urbanísticas, estando obligadas a un porcentaje de vivienda a precios asequibles.

"Crecer en consumo de territorio no frena ni regula los precios de la vivienda. Por este motivo el nuevo Plan General (PG) logra dar cabida a las necesidades de los próximos 20 años apostando por un decrecimiento y el reaprovechamiento del espacio urbano ya existente, como es el caso de Son Busquets. A la vez que se pone el foco en la construcción de viviendas nuevas a unos precios asequibles: la modificación del PG contempla multiplicarlo por ocho en Palma".

Con todo, el Ayuntamiento de Palma ha recordado que el pasado año 2019 la ciudad tenía 172.087 viviendas, aunque se prevé que pase a 201.252 en el 2040, lo que supone 29.165 viviendas nuevas más. El 47,58% de vivienda nueva será de protección oficial (7.808), en los nuevos urbanizables y suelos urbanos de transformación, como por ejemplo Son Busquets.

Actualmente, ha concluido, la ciudad de Palma cuenta con un 0,89% de viviendas sociales entre las del PMH y el IBAVI, pero las proyecciones del nuevo Plan General harán que en 2040 lleguen al seis por ciento, es decir 12.174 viviendas sociales, lo que significa que el nuevo PG multiplica por ocho la vivienda social y por cuatro la media estatal en vivienda asequible.