Alcaucín, un municipio en el punto de mira
de las organizaciones ecologistas

  • La población aumentó un 8% en un año.
  • La Fiscalía también tramitó una denuncia.
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Con unos 2.500 habitantes, Alcaucín es un pequeño pueblo del interior de la comarca de la Axarquía malagueña que en los últimos años ha estado en el punto de mira de los ecologistas.

La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas trece personas ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en esta comarca.

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha denunciado en varias ocasiones el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, donde calcula que se han construido en el campo unas 20.000 viviendas.

Alcaucín tiene una extensión de  46 kilómetros cuadrados. Los ecologistas denunciaron en noviembre de 2006 ante la Fiscalía de Medio Ambiente lo que consideraron "una agresión al urbanismo tradicional" de la Axarquía.

El presidente de GENA, Rafael Yus, criticó entonces la construcción a la entrada del pueblo de un gran edificio que contrastaba con la tipología de viviendas bajas, y señaló que la actuación urbanística estaba incluida en un plan parcial que había sido "alterado".

Yus lamentó el "escaso cumplimiento" que hacía el Ayuntamiento de las normas subsidiarias por las que debía regirse el urbanismo en Alcaucín, dado que el municipio no contaba con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Un rápido crecimiento urbanístico

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recabados por EFE, la población de este municipio malagueño creció un 8% entre 2007 y 2008 hasta los 2.469 habitantes, y un 63,4% en relación al año 2000, cuando contaba con 1.511 habitantes.

La Diputación Provincial, cuyo servicio de arquitectura está siendo investigado en el marco de la operación, entregó en diciembre de 2008 la adaptación del plan de Alcaucín a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Al margen de la presión de los ecologistas, sobre el alcalde socialista, albañil de profesión, pesaba una denuncia de la Fiscalía por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable.

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