La Fiscalía ha mantenido la pena de 8 meses de prisión para la madre preadoptiva de la niña conocida como Piedad durante el juicio que ha tenido lugar este lunes en el Juzgado de Lo Penal, número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
Mientras, la defensa solicitará --una vez que salga la sentencia y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- la nulidad del proceso al no recibir ninguna notificación de que el juicio oral no sería público, según ha puesto de manifiesto el abogado de la defensa, Eligio Hernández (Fiscal general del Estado en época de Felipe González).
La menor fue retirada a su madre biológica a los siete meses de nacer y estuvo sucesivamente en dos centros de menores hasta los tres años; luego fue dada en acogimiento preadoptivo en La Orotava (Tenerife), residiendo con su nueva familia casi tres años, hasta que, por orden judicial tras una demanda de la madre biológica, el 10 de mayo de 2007, la separaron de esta familia ingresándola en un centro de menores del Cabildo de Tenerife.
En el camino, la madre preadoptiva se negó hasta en cuatro ocasiones a cumplir con esta orden judicial; de ahí el castigo que ahora propone para ella la Fiscalía.
Más tarde, devolvieron la niña a la madre biológica, con la que permaneció alrededor de un año, hasta que a finales del pasado mes de octubre de 2008 volvió a un centro de menores, el cuarto en su corta existencia, "evidenciándose el fracaso de la medida", según comunicó Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni).
Sobre la menor, la acusada recalcó este jueves que "nunca" ha llevado el caso como una lucha entre adultos y consideró que "la niña no es una propiedad de nadie".
"Lo único que deseo para ella es estabilidad, que la tiene más que ganada con su desgarro, su sufrimiento y su abandono, y tranquilidad en la vida", dijo mientras recordó que no ha podido ver a la niña desde el 10 de mayo de 2007. "Quiero para ella lo mejor porque es una niña que ha sufrido mucho más que un adulto", señaló.
Dos años y medio de pugna legal
El denominado caso Piedad --nombre falso para preservar la intimidad de la menor-- mereció un notable interés informativo en las islas entre 2006 y 2007.
Para Prodeni, la acción de la Justicia estuvo "fuertemente inclinada a favor de los intereses y derechos de la parte biológica y en contra de los intereses y derechos de la niña, que nunca fue escuchada, desestimándose asimismo informes técnicos y profesionales --incluso de Protección de Menores-- contrarios al desarraigo de la menor del lugar donde había encontrado estabilidad y felicidad.
"Se da la circunstancia de que la madre adoptiva ya fue condenada por ese delito hace ahora un año y de que está incursa en dos nuevos procedimientos abiertos por lo mismo, con lo que, de seguir así, podría ingresar en prisión y verse condenada hasta cuatro veces, porque la Fiscalía no ha querido que se unificara en un solo acto lo que fueron supuestos actos de desobediencia sucedidos en una misma secuencia ininterrumpida de un trepidante procedimiento", según la ONG.
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