En su propuesta, Vox ha señalado que dicha ampliación sería a instancias del propio centro educativo, "sin que la eventual aprobación de la nueva Ley Celaá pueda expoliar los derechos concedidos". De esta forma, la formación ha remarcado que el derecho a la educación está recogido en la Constitución española y tiene una doble "dimensión" o "contenido", como derecho y como prestación.

Así, como derecho de libertad se identifica con "la libertad de enseñanza" que, según Vox, se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad.

"En cuanto al derecho a la educación como prestación, dice la Constitución que los poderes públicos habrán de procurar su efectividad. Al servicio de tal acción prestacional se hallan las ayudas públicas a los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca", ha indicado la formación en una nota de prensa.

Además, ha agregado que sobre los poderes públicos pesa, en efecto, "el deber positivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental" a la educación. "Es decir, el pluralismo educativo".

Vox ha recordado que el pasado 19 de noviembre se aprobó por el Congreso, "con el voto favorable de partidos socialistas, comunistas y separatistas", un proyecto de reforma de la Ley de Educación que "ataca abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados".

"Un proyecto de Ley que constituye así el mayor recorte de derechos educativos de la democracia y que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos, que persigue abiertamente acabar con el pluralismo educativo y la libertad de pensamiento y de opinión en el ámbito de la enseñanza", ha destacado.

Al respecto, Vox ha incidido en que las Cortes de Aragón no pueden permanecer "ajenas" a esta situación, y deben manifestar "su apuesta por la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios constitucionales".

"Son las Comunidades Autónomas a quienes corresponde dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos. Y establecer su duración y prórroga. Todo ello para garantizar los derechos de los padres y alumnos, así como la efectividad del derecho a la educación gratuita de los alumnos hoy escolarizados en centros concertados".