Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el exconsejero madrileño Alfredo Prada por la Ciudad de la Justicia

  • Pese a que la empresa pública comenzó con 7 millones de euros, se comprometieron más de 300 en tres años.
  • La Fiscalía acusa a Prada de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos.
  • También pide procesar a otras cinco personas que ocupaban cargos de responsabilidad.
  • Se hicieron viajes "institucionales" sin justificación y se adjudicaron obras "previamente" al concurso público.
El secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Alfredo Prada, fue uno de los miembros del PP de Madrid que sufrió espionaje.
El secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Alfredo Prada.
Partido Popular

La Fiscalía Anticorrupción cree que Alfredo Prada, exconsejero madrileño de Justicia e Interior y vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid en la primera época de Esperanza Aguirre, cometió un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la adjudicación de contratos de la Ciudad de la Justicia, construcción que encargó en 2007 la 'lideresa' para agrupar las 19 sedes judiciales y que ha estado sin uso hasta ahora, cuando la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha levantado allí el hospital de pandemias, llamado Isabel Zendal.

Así lo expone el Ministerio Público en el escrito de conclusiones que presentó el pasado 29 de diciembre de 2020 y que ha hecho público hoy. En él pide ocho años de cárcel para Prada, que era presidente y consejero delegado de la sociedad anónima que se constityó para llevar a cabo la obra, llamada Campus de la Justicia sociedad anónima. También pide la Fiscalía para Prada la inhabilitación "absoluta y especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena" y señala a otros responsables de la entidad: solicita seis años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta para Félix García de Castro, letrado asesor; Alicio de las Heras Rodríguez, director de Área Financiera; Isabelino Baños Fernández, director general técnico; Mariano Sanz Piñar, subdirector Técnico; y Andrés Gómez Gordo, director del área de Seguridad.

Según el relato que hace Anticorrupción, pese a que la empresa se constituyó con un capital de poco más de siete millones de euros y pese a que hizo una ampliación de capital en años siguientes hasta los cerca de 40 millones de euros, se comprometieron a través de contratos más de 355 millones de euros. Entre esos gastos, había incluidos viajes "en los que no había justificación de su finalidad institucional". En el capítulo de personal, tampoco la Fiscalía ha hallado justificación para diferentes contrataciones. "Junto a las consideraciones específicas respecto a gastos concretos como los anteriormente descritos, se ha acreditado en general la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas", continúa Anticorrupción.

Además, en el escrito el Ministerio Público narra cómo pese a que el proyecto de dispersión de sedes judiciales de la Comunidad, del que solo quedan "túneles de intercomunicación de edificios, un edificio inacabado, una pluralidad de maquetas de edificios, libros y folletos sobre la Ciudad de la Justicia", debía cumplir con la ley, no lo hizo. Así, los acusados "concertaron contrataciones con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los reuqisitos normativos", produciéndose "una selección del adjudicatario al margen del procedimiento o previamente al mismo". Este "patrón de conducta" se hizo con, según lo probado por el fiscal, "inexistencia de informes, criterios de valoración poco precisos, procedimientos negociados con evidente fraccionamiento o asunción de gastos ajenos a su objeto social".

Cabe recordar que ya el juez instructor José de la Mata pidió hace dos meses procesar a Prada por tejer y poner en marcha un "plan criminal" para "adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos". El magistrado consideró que el exconsejero "tomaba las decisiones en última instancia" y que no se trata de que los procesados robaran dinero público para su lucro personal, sino que perpetraron una conducta que "afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública que ha sido deteriorada, dañada y menoscabada, hasta el punto de haber sufrido perjuicios en el erario público de cientos de millones de euros".

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