Los supervivientes del incendio de la nave ocupada de Badalona que permanecían acampados en la calle han logrado evitar temporalmente su desalojo, ordenado por la juez y previsto para este jueves, al trasladar su campamento improvisado en la calle al solar privado donde se erigía la finca ya demolida.

Algunas de las decenas de víctimas del fuego, en el que fallecieron cuatro inmigrantes, resolvieron anoche trasladarse desde la rambla del Gorg, donde residían desde hace tres semanas, hasta el solar de la calle Guifré en el que se levantaba la nave siniestrada, por lo que la policía no los ha podido desalojar.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que no es posible expulsarlos a menos que el propietario del terreno en el que están los denuncie, tras lo cual el caso regresaría a manos de la juez, que tendría la última palabra.

La finca de la nave incendiada pertenece a una empresa vinculada a dos exjugadores de los equipos de baloncesto Joventut y FC Barcelona, Antonio Medianero y Xavi Fernández, respectivamente, quienes la compraron en 2009 a través de una sociedad inmobiliaria y nunca denunciaron la ocupación.

El traslado de los supervivientes al solar en el que se erigía la nave se ha producido antes de la llegada de los mossos a la rambla del Gorg, donde han permanecido desde primera hora dotaciones de la unidad ARRO para garantizar, junto a la Guardia Urbana de Badalona, el trabajo de los operarios de limpieza, que han retirado ya los restos de la acampada y han desinfectado la zona.

El cambio de ubicación se ha llevado a cabo después de que la magistrada del Juzgado Contencioso número 6 de Barcelona ordenara este miércoles el desalojo forzoso de las personas acampadas por los "altercados" y "actitudes incívicas" ocurridos entre ellas y por el contexto de pandemia.

La juez estimó así las medidas cautelarísimas solicitadas por el ayuntamiento, que lidera Xavier García Albiol, al entender que existe un "evidente interés público" en llevar a cabo el desalojo de los acampados para preservar su salud a raíz de la covid-19, así como por los incidentes, tensiones y peleas que han ocurrido y por la mediación fallida del consistorio, cuya alternativa habitacional no quisieron aceptar.

Los servicios sociales del ayuntamiento les ofrecieron hospedarse durante al menos un mes en pensiones con alimentos, ropa y asesoramiento jurídico, entre otros, pero muchos no aceptaron la propuesta por "recelo" y porque no quieren separarse los unos de los otros, tal como consta en el auto judicial.

Tras la negativa para realojarse, el Ejecutivo municipal los instó a marcharse el pasado 24 de diciembre mediante una notificación en la que les recordaba que no podían saltarse el toque de queda y carecían de permiso para acampar en la vía pública.