Según el Instituto Armado, la investigación se inició en noviembre dado el elevado precio de mercado en el que se encuentra actualmente la venta de este tipo de producto y dada su escasez para consumir su fruto o para generar combustible en estufas.

La Guardia Civil realizó diferentes servicios orientados a detectar hurtos de esta clase de piñas en diferentes concesiones de aprovechamientos del entorno rural abulense, iniciando de esta manera la Operación Pinacaball.

Tras llevar a cabo una serie de investigaciones se pudieron confirmar las sospechas de que había una serie de hurtos con la detención de cuatro personas y la investigación de otras dos al haber sustraído más de 4.000 kilogramos de piñas piñoneras, que habrían adquirido un beneficio económico por su venta de más de 6.000 euros.