El orden del día, recogido por Europa Press, incluye una declaración institucional con relación al conflicto de los trabajadores interinos afectados por el supuesto uso abusivo de la temporalidad en sus contrataciones, en demanda de "medidas legislativas para la estabilización excepcional del empleo público temporal en las Administraciones Públicas".

Y es que el presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, había manifestado ya a Europa Press que dicho asunto, que afecta a 532 empleados temporales de la Diputación de Sevilla dados los procesos selectivos planteados respecto a las plazas que ocupan, no puede tener una "solución localista" dado el alcance de dicha problemática, sino que debe mediar un remedio de la mano de "las autoridades ministeriales competentes y de las comunidades autónomas", de aplicación en las entidades locales.

Además, figura la aprobación inicial de la financiación y actualización de las actuaciones del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023, para el ejercicio 2021; así como una prórroga del Plan Provincial de Actividades Deportivas aprobado en enero de 2019; una modificación del régimen de integración de la Diputación en las asociaciones constituidas como Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y una modificación en los estatutos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal. junto con cambios en la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo (RPT) de tal ente provincial.

También figura en el orden del día la adquisición de una acción del capital social de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) para su consideración como medio propio de la Diputación, así como la inadmisión de una petición del abogado del colectivo de empleados interinos para que fuese revisada de oficio la oferta pública de empleo de la Diputación correspondiente a 2017.

Finalmente, figura la inadmisión de una petición del mismo abogado respecto a una revisión de oficio de las bases específicas de las oposiciones a 61 plazas de bombero promovidas por la Diputación en 2018, toda vez que después de que la institución decidiese anular la prueba inicial celebrada el 3 de marzo de 2018 al sospechar de una posible filtración del contenido del examen, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendría pendiente de resolución los recursos interpuestos contra las dos sentencias derivadas de los litigios promovidos por bomberos interinos de la Diputación contra dicha decisión, pues una de tales sentencias la anulaba y otra la avalaba.