La Junta pone fin a la subasta de medicamentos en Andalucía

  • Moreno asegura que "vuelve la normalidad" y que "los andaluces vuelven a ser ciudadanos de primera".
  • ​El sistema fue implantado en 2012 por el Gobierno socialista.
Farmacia
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EUROPA PRESS - Archivo
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"Los andaluces vuelven a ser ciudadanos de primera". Así anunció este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras una reunión con los colegios oficiales y la industria farmacéutica, la eliminación definitiva de las subastas de medicamentos en la comunidad, un sistema que fue implantado en 2012 por el Gobierno socialista y que el PP-A prometió durante la campaña electoral derogar si llegaba a San Telmo.

"Cumplimos la palabra dada", incidió el presidente, quien aseguró que este sistema, cuyo último plazo venció el pasado 22 de diciembre, "suponía una intromisión clara a la libertad de prescripción de nuestros profesionales, especialmente los médicos, y situaba a pacientes y médicos andaluces en situación de desigualdad respecto a españoles de otras comunidades autónomas donde no existía ninguna de esas cortapisas".

Cabe recordar que las subastas que se han llevado a cabo en Andalucía en estos últimos ocho años consistían en la adquisición masiva de fármacos por parte de la Junta mediante la adjudicación del suministro al laboratorio que presentara, en convocatoria pública, la mejor oferta económica. Así pues, cuando el facultativo del SAS recetaba un principio activo, las farmacias estaban obligadas a vender el medicamento del laboratorio que hubiera ganado la puja y firmado un convenio con la Junta.

Un sistema que, en todos estos años, siempre ha estado rodeado de polémica. Desde el PSOE-A han defendido el ahorro económico que esta herramienta suponía, y que llegaron a cifrar en unos 755 millones de euros entre los años 2012 y 2018. Sin embargo, los detractores de las subastas, entre ellos, asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica, apuntaban como principales desventajas el desabastecimiento en las farmacias de algunas medicinas, la falta de regularidad en los tratamientos de los pacientes debido al cambio de medicinas en cada subasta y la dudosa calidad de los fármacos elegidos al primar el aspecto económico.

La industria, "satisfecha"

Ahora, "vuelve la normalidad" y "los andaluces podrán tener el medicamento que sus médicos crean que mejor los puede curar o tratar según un criterio clínico, y no por ahorro puramente económico", señaló el presidente de la Junta, que remarcó que los facultativos "podrán recetar con libertad, sin miedo a ser penalizados por el SAS".

Tras calificar la supresión de las subastas como un "logro social para los andaluces", Moreno hizo hincapié en la "voluntad" de su Ejecutivo para "fomentar la industria de los genéricos" en Andalucía; y afirmó que el nuevo modelo "aumentará la competencia entre laboratorios, fomentando la industria farmacéutica en Andalucía y la propia producción española, absolutamente estratégica y clave en estos momentos de pandemia". Y concluyó: "Es muy importante que tengamos capacidad de producir, y las administraciones públicas en su conjunto tenemos que poner nuestro grano de arena y evitar los obstáculos que se puedan encontrar".

Tanto el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, como el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Medicamentos Genéricos, Ángel Luis Rodríguez, mostraron su "gran satisfacción" por el anuncio del fin del modelo de subasta de medicamentos, y expresaron su "reconocimiento y agradecimiento por esta importante" decisión del Gobierno andaluz.

Mientras, el presidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, puso de relieve que con este anuncio "los farmacéuticos han recuperado la gestión del medicamento, cosa que le correspondía por ley y que con el sistema de subastas le fue arrebatado".

Hasta el Constitucional

Cabe recordar que la subasta de medicamentos provocó varios conflictos de competencias entre el Gobierno socialista de la Junta y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se zanjaron cuando en diciembre de 2016 el Tribunal Constitucional avaló el sistema implantado en 2012.

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