Con la firma de este nuevo Convenio se garantiza una mejor coordinación entre las instituciones estatal y autonómica y se readapta el modelo de Sistema Arbitral a las actuales exigencias normativas.

El acuerdo, que no configura responsabilidad económica para ninguna de las partes, permitirá impulsar la resolución alternativa de litigios de consumo en el territorio aragonés, establecer un cauce de información recíproco entre el Ministerio de Consumo y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales -a través de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios- y difundir el conocimiento sobre el Sistema Arbitral de Consumo entre los ciudadanos, las empresas y los agentes económicos, así como promocionar las ofertas públicas de adhesión.

Este convenio tiene una vigencia de cuatro años prorrogables en caso de acuerdo entre las partes. Asimismo, se constituirá una comisión para el seguimiento y control del mismo.

DESDE 1994

La Junta Arbitral de Consumo de Aragón tiene su origen el 15 de julio de 1994, mediante acuerdo entre el Instituto Nacional de Consumo y el Departamento de Sanidad y Consumo de la Diputación General de Aragón. Hasta la fecha, el Sistema Arbitral de Consumo ha servido como cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse por esta vía de carácter inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las partes.

Es por ello que tanto el Ministerio de Consumo como el Gobierno de Aragón consideran aconsejable dar continuidad a este sistema, conscientes de la importancia de aportar al consumidor un medio eficaz para responder a sus demandas en materia de consumo como vía alternativa al judicial.