Fumata blanca. Tras semanas de negociación y tensión en la coalición de Gobierno, este martes el Consejo de Ministros aprobará la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta que la administración les encuentre otra vivienda. Y, además, ese decreto llevará incluida la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a quienes no puedan permitirse pagarlos, lo que supone una victoria de Unidas Podemos, dado que la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, únicamente planteaba hasta hace unos días que no se pudiera cortar el suministro eléctrico.

La redacción final del texto no se cerró hasta este lunes, pese a que PSOE y Unidas Podemos habían pactado las líneas básicas de la prohibición de los desahucios hace un par de semanas. Finalmente, quedará prohibido desalojar a inquilinos que tengan problemas económicos derivados de la pandemia, pero también a quienes tuvieran dificultades previas, siempre que puedan demostrar ante los servicios sociales que se encuentran en situación de necesidad y que no tienen una alternativa para vivir. En esos casos, la familia podrá quedarse en la casa hasta que su comunidad autónoma le proporcione otra.

Para ser considerada vulnerable, la persona en cuestión debe estar desempleada o haber sufrido una pérdida importante de ingresos o facturación. Igualmente, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar con la que convive no debe haber superado los 1.613 euros el mes anterior. Este umbral se incrementa en 53,78 euros por cada hijo o persona mayor a cargo, y en 80,67 euros por cada hijo si la familia es monomarental o monoparental.

El Gobierno acelera para aprobar el martes un decreto antidesahucios con compensaciones a grandes propietarios

Esta protección cubrirá también a quienes okupen por necesidad –una circunstancia que también determinarán los servicios sociales– pisos de propietarios de más de diez viviendas que los tuvieran vacíos, siempre y cuando tengan menores o dependientes a cargo o sean víctimas de violencia de género. Esto supone un cierto paso atrás con respecto al pacto inicial, en el que el PSOE había cedido a la petición de Unidas Podemos de que quedarán protegidas todas las familias que okuparan por necesidad, tuvieran personas a cargo o no. 

Las personas que se encuentren en esta situación podrán quedarse en la vivienda okupada mientras la administración la realoja, para lo que tendrá un plazo máximo de tres meses. Por el contrario, quienes okupen viviendas deshabitadas de pequeños propietarios o quienes residan irregularmente en un inmueble de una empresa o un banco sin tener una situación económica comprometida sí podrán ser desahuciados, al igual que las familias sin menores o dependientes a cargo que okupen por necesidad económica.

La indemnización a los caseros

El lugar donde la administración realoje a las familias afectadas no podrá ser un albergue, y preferentemente deberá ser otra vivienda. Y los propietarios que no puedan desahuciar recibirán una compensación del Estado por el alquiler no cobrado, pese a que Unidas Podemos intentó hasta el final que esa indemnización únicamente se ofreciera a propietarios de menos de diez viviendas. Eso sí:tendrán que demostrar que han tenido un perjuicio económico, lo que descarta indemnizaciones para los grandes propietarios que no puedan desahuciar a personas que okupan por necesidad.

Los caseros tendrán derecho a reclamar al Estado estas indemnizaciones a partir de tres meses después de que los servicios sociales certifiquen que sus inquilinos son vulnerables y, por tanto, no se les puede desahuciar, y siempre y cuando la administración no les hubiera facilitado ya una vivienda alternativa. El decreto dará derecho a los propietarios a ser compensados desde el mismo momento en el que se firma la suspensión del desalojo.

El PSOE cede con la luz pero rechaza prohibir que se corten el gas y el agua

Cortes de luz, agua y gas

Pese a que la parte morada del Gobierno ha cedido en este punto, sus tesis se han impuesto en lo relativo a los suministros básicos, una negociación que se ha enquistado mucho más que la de los desahucios y que no terminó de desatascarse hasta este mismo lunes. Finalmente, quedarán prohibido cortar la luz, el agua y el gas a los hogares "vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social", explican fuentes del Gobierno.

La prohibición de estos cortes se aplicará tanto a los titulares del contrato como a aquellas familias que no lo sean, pero puedan acreditar que cumplen los requisitos de vulnerabilidad ante los servicios sociales. Este último supuesto cobijaría, por ejemplo, a una familia vulnerable que viviera de alquiler y cuyo casero fuera el titular del contrato de luz, agua o gas. Si los inquilinos no pudieran pagar al propietario y este dejara de pagar los recibos a la empresa, a esa familia se la consideraría vulnerable –si cumple los requisitos de renta– y, por tanto, se prohibiría que se le cortasen los suministros.