En cambio, regionalistas y socialistas sí han recuperado la sintonía de voto para tumbar una iniciativa apoyada por toda la oposición para instar al Gobierno de España a no utilizar la política penitenciaria como instrumento de negociación "con partidos políticos que no han condenado los asesinatos de la banda terrorista ETA", como según han indicado PP, Cs y Vox, se está haciendo con Bildu.

La unanimidad en las votaciones ha estado presente en una primera parte del Pleno, en la que todos los grupos han apoyado una proposición de ley que permitirá a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte agilizar las ayudas del Gobierno a los sectores de la cultura y el deporte afectados por las limitaciones y restricciones del COVID-19.

Durante el debate de esta iniciativa, el vicepresidente regional y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, el socialista Pablo Zuloaga, ha informado de que, cerrado la semana pasada el plazo de solicitudes, han sido 1.506 empresas o autónomos de la cultura o el deporte los que han solicitado estas subvenciones, que, según ha dicho, permitirán movilizar hasta 2,3 millones.

Además, ha informado que un tercio de las ayudas se abonarán antes de que acabe el año y el resto se pagarán en las tres primeras semanas de enero.

El consenso ha continuado en la votación, aunque no siempre en los argumentos, en las dos siguientes iniciativas, una moción para pedir al Gobierno de España mantener el respeto a la autonomía financiera y la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia tributaria ante la armonización fiscal que pretende llevar a cabo y una iniciativa sobre el hidrógeno verde.

En la moción del PP, concretamente, se instaba al Ejecutivo regional a defender ante el Gobierno de España el respeto a la autonomía financiera y la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia tributaria dada la armonización fiscal que pretende llevar a cabo.

Asimismo, pide que en la futura reforma del sistema de financiación autonómica se respeten los principios de multilateralidad, corresponsabilidad, suficiencia y solidaridad.

La iniciativa se ha aprobado tras aceptar una enmienda de modificación de PRC y PSOE que, además, añade que se tengan en cuenta los principios del coste efectivo de los servicios y mantenimiento del statu quo.

El PRC ha considerando "fundamental" defender la autonomía financiera y que todas las comunidades participen en la citada reforma y ha defendido que estar de acuerdo con que se abra un proceso de armonización fiscal "no es defender la uniformidad fiscal ni mucho menos renunciar a nuestra autonomía".

En la misma línea, el PSOE ha dicho "sí" a la armonización, pero "respetando la autonomía de las comunidades" y tanto PP como Cs han lamentado que la armonización surja "a exigencias" de ERC y pretenda subir los impuestos en la Comunidad de Madrid, que para los 'populares' es la "más solidaria de España".

Por último, Vox ha apostado por eliminar los diferentes sistemas fiscales y los sistemas forales -los de País Vasco y Navarra- para que Cantabria no tenga un "paraíso fiscal al lado".

HIDRÓGENO VERDE

Y en relación al hidrógeno verde, todos los grupos han coincidido en pedir al Gobierno regional una estrategia del hidrógeno verde y una de explotación de recursos sostenibles, como la biomasa, que sean incluidas en el próximo Plan de Desarrollo Energético de Cantabria.

En el debate de este punto, la oposición ha criticado que la comunidad no cuente con estrategias en esta materia "de la que depende nuestro futuro", mientras que el PRC, partido del que depende las competencias en materia energética, ha anunciado que el nuevo Plan de Sostenibilidad Energética, conocido como Plenercan, está "ultimándose" y va a ser remitido "en breve" para su estudio ambiental con la previsión de tenerlo aprobado "a mediados del año que viene".

PRC Y PSOE VUELVEN A DISCREPAR

A partir de este punto, el consenso ha desaparecido, incluso en uno de los casos, entre los propios socios del Gobierno regional, esto es PRC y PSOE, que una sesión más han vuelto a poner de manifiesto sus discrepancias en algunos temas.

En esta ocasión, el PRC ha vuelto a unirse a la oposición para sacar adelante una iniciativa para requerir al Gobierno de España que aplace hasta diciembre de 2023 la prohibición de la caza y la pesca deportivas y recreativas en los Parques Nacionales hace unas semanas.

Los regionalistas y la oposición han ensalzado la caza como una actividad que genera economía, empleo y que permite controlar la sobrepoblación de determinadas especies de fauna silvestre y han defendido que si no se permite cazar dentro de los parques nacionales, como Picos de Europa, a los cazadores, quien se encargue del control poblacional de determinadas especies va a ser la Administración, con el coste económico que ello conlleva (unos 320 millones de euros, según un estudio al que han citado).

El PRC, pese a apoyar esta iniciativa ya que está "a favor de la caza", ha opinado que el PP muestra "total incoherencia" al querer hacer un "guiño" a los cazadores cuando la ley de parques nacionales que promovieron preveía, tras la moratoria, la prohibición de la caza.

Por su parte, el PSOE ha sido el único en decir 'no' a esta iniciativa que, a su juicio, ha sido presentada por el PP "ante la presión del lobby de la caza".

El socialista Javier García-Oliva ha advertido que los parques nacionales solo suponen el 0,8% de la superficie de España, con lo que no cree que prohibir en estos espacios la caza vaya a suponer la "ruina" del mundo rural.

Además, ha opinado que formar parte de un parque nacional supone cumplir la ley que regula estos espacios y las condiciones que la normativa impone, como en este caso la prohibición de la caza.

Por ello, considera que si Cantabria "no quiere tener un parque nacional", "hay que tener el coraje político" de decirlo pero no sin hacerse "trampas al solitario" ni buscar "subterfugios" para no cumplir la ley. "No se puede estar en misa y repicando", ha dicho.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

Tras discrepar en este punto, los dos socios de Gobierno han vuelto a recuperar la unidad de voto para echar abajo, una iniciativa en contra de la "utilización" de la política penintenciaria que, según la oposición, está haciendo el Gobierno de España como "instrumento de negociación" con Bildu.

La oposición ha considerado que el acercamiento de presos de ETA al País Vasco es la "moneda de cambio" que está empleando el Gobierno de España en pago por el apoyo de Bildu a los Presupuestos del Estado, aplicando una política de "presos por presupuestos", algo que, a su juicio, supone una "humillación" a las víctimas, a sus familias y una "vergüenza".

También, Vox ha criticado que el PRC vaya a apoyar unos Presupuestos "firmados con la sangre de las víctimas", "chapoteando" en ella, unas afirmaciones que el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha censurado duramente y tildado de "bochornosas".

PSOE y PRC han señalado que acercamiento de presos de ETA al País Vasco ha habido siempre, con todos los gobiernos, también con los del PP, incluso cuando la banda seguía matando.