Al respecto, como ha manifestado la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, MaríaJosé Pulido, "junto a los mayores, las personas con discapacidad están siendo uno de los colectivos más afectados en esta pandemia, agravándose en muchos casos su ya de por sí difícil y delicada situación, por lo que merecen nuestro respaldo firme y unánime para que puedan ser escuchadas y atendidas todas aquellas demandas y prioridades que ha generado el Covid-19", ha señalado en un comunicado.

Por ello, la corporación ha querido comenzar recogiendo en esta Declaración que "hablar de pandemia nos lleva como primer impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la enfermedad y a sus familias que, en el ámbito de la discapacidad, están siendo estremecedores".

En este sentido, cabe señalar que el movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en España, articulado en el Cermi, como instancia cívica de representación, interlocución e incidencia política, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en cuanto a la reconstrucción social y económica que se está llevando a cabo como consecuencia del coronavirus.

En este texto se ha querido poner en valor expresamente "la importancia de los familiares, profesionales y personal voluntario que en esta crisis de salud pública están dando lo mejor de sí mismas, teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de preocupación, atención y cuidados".

En este marco y de cara a fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión realde este colectivo, el pleno propone la creación inmediata, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de un Fondo de rescate de emergencia postpandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal.

Por otra parte, esta Declaración aspira a la constitucionalización con la categoría de fundamentales de los derechos sociales de las personas con discapacidad. Asimismo, ante las especiales dificultades de inserción de este colectivo, se insiste en la necesidad de que se adopte un nuevo marco legal estatal para la inclusión laboral que lleve en 5 años a aumentar hasta el 50 por ciento la tasa de actividad laboral de este grupo, lo que supondría la creación de más 200.000 nuevos empleos.

La corporación también quiere respaldar a través de esta Declaración el fomento de la accesibilidad universal en todos los entornos, con la reforma inmediata de la Ley de Propiedad Horizontal, regulando la accesibilidad cognitiva como nueva dimensión, mejorando el marco normativo de la accesibilidad audiovisual y asegurando la accesibilidad a la comunicación.

Asimismo, en este texto se incluye la importancia de velar a nivel global por la inclusión de este colectivo, disponiendo de apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida de la persona con discapacidad, es decir, en el educativo, laboral, social, sanitario y deportivo, así como en otros apartados fundamentales como son el consumo, el acceso a bienes y servicios, y a la información.