El mencionado proyecto de ley, ya votado en el Congreso de los Diputados y ante el cual PP, Cs y Vox han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, contempla entre otros aspectos el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; un periodo de diez años para que los centros ordinarios puedan atender al alumnado con discapacidad con los centros de educación especial como referentes o la consideración del castellano junto con las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares en la educación.

Durante el debate de la moción, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha recordado que la nueva ley educativa "no nace del consenso" y ha acusado al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos de "eliminar la demanda social como elemento configurador en las líneas de concierto subvencionadas", algo a su juicio "antidemocrático" porque implica "desatender la demanda de los ciudadanos que sostienen con sus impuestos el sistema" educativo que siguen teniendo a su alcance. Igualmente, ha criticado que la normativa "aspire a integrar a los centros educación especial en los ordinarios" pese a la demanda de atención especializada y vaya contra el "derecho fundamental a elegir" el modelo educativo.

CS AUGURA QUE LA LEY ACABARÁ DEROGADA

Por Cs, el concejal Miguel Ángel Aumesquet ha lamentado que la ley Celaá "asfixie y presione a la educación concertada", pese al papel "integrador" de la misma en zonas de exclusión social, insistiendo en que se trata de una norma "no debatida" con el sector de la concertada, las fuerzas de oposición o las comunidades autónomos. "No es el camino", ha aseverado avisando de que al carecer esta ley educativa de consenso consolidado al igual que la actual y las anteriores, "seguramente será tumbada por la alternancia en el Gobierno", lo que le ha llevado a pedir "una ley educativa para toda una generación" y no "para una legislatura".

En el caso de Adelante, Daniel González Rojas ha criticado que las fuerzas conservadoras intenten "confundir la libertad de educación y de enseñanza" con un "derecho a la subvención", diferenciando así entre la "libertad de elegir" el modelo educativo y la educación pagada "con el dinero público de todos". Con esos argumentos, ha llamado a los partidos de la "derecha" a "dejar de usar el sistema educativo de modo partidista", rememorando que la actual ley en la materia fue aprobada por el anterior Ejecutivo del PP con el único apoyo de dicho partido.

EL PP ACUSA A ESPADAS DE "COAUTOR"

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha avisado de que la ley Celaá constituye "un intento de derruir el sistema de derechos y libertades" de la educación, "con nocturnidad y alevosía" y con "un atropello" a la educación concertada. Al respecto, ha acusado al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, de ser "cómplice y coautor" de una "agresión" a la educación concertada, defendiendo la campaña de buzoneo promovida al respecto por el PP en "defensa de la concertada, la educación especial y el castellano".

Por el PSOE, María Luisa Gómez ha avisado de las "mentiras" difundidas respecto a la nueva ley educativa, acusando al PP de intentar "infundir miedo a las familias y usar políticamente a los menores". Criticando la "campaña de marketing" que a su juicio ha promovido el PP hispalense en torno al asunto en favor de la figura de Beltrán Pérez, la edil socialista ha defendido que el Ayuntamiento goza de "magníficas relaciones con los centros concertados", al "gobernar para toda la comunidad educativa".

La moción no ha prosperado porque aunque ha contado con el apoyo de los grupos del PP, Cs y Vox, ha sido rechazada por el PSOE y Adelante, que suman mayoría en el pleno.