En una nota, Álvarez ha lamentado que "obligados por el clima de amenazas y las maniobras obstruccionistas por parte de sindicatos municipales, y de una de los dos empleados afectados por el expediente, será el Juzgado el que tendrá que determinar las responsabilidades". "Proclamando su estatus de inmunidad sindical, han evitado que podamos solucionar el expediente disciplinario con discreción y con garantías", ha añadido.

La delegada de Recursos Humanos ha reiterado que el Gobierno había iniciado un procedimiento disciplinario "garantista y respaldado por la ley, manteniendo la privacidad de los trabajadores afectados, y sin dar difusión a los hechos objeto de investigación". En este sentido, mostrado la repulsa del Gobierno local a los hechos de "hostigamiento sufrido por los dos funcionarios de carrera que tenían encomendada la tramitación del expediente disciplinario, con la irrupción de más de 20 sindicalistas en el despacho del instructor y secretaria, amedrentando a los dos funcionarios".

Laura Álvarez ha hecho referencia al informe realizado por el instructor y la secretaria del expediente, uno de los cuales ha tenido que acogerse a una baja médica tras lo sucedido, en el que detallan haber sufrido gritos e insultos.

Así, según ha explicado, para evitar nuevas situaciones de acoso a funcionarios municipales, se ha aprobado en Junta de Gobierno Local la presentación de los hechos motivadores del expediente disciplinario en el Juzgado.

Laura Álvarez ha señalado que "este Gobierno tiene claro que no sería justo someter a otros funcionarios a este acoso", así como que están "obligados a proteger a toda la plantilla contra ataques a su persona o profesionalidad", ya que "es lógico pensar que sus acciones intimidatorias continuarán". "Por responsabilidad, no podemos destinar a otro funcionario a este procedimiento disciplinario, y no tenemos otra vía que poner en manos de la justicia los hechos por lo que se abrió el expediente disciplinario", ha argumentado.

Así, el Gobierno municipal dará traslado al Juzgado de los hechos motivadores de este proceso disciplinario. Laura Álvarez ha explicado que "la alerta surge a final de agosto por fuga de información de un expediente de Urbanismo".

En este sentido, ha indicado que "tras comprobaciones pertinentes en el sistema informático, se localiza que estos dos empleados, sin tener que ver con su trabajo, acceden a ese expediente". "Desde 2017 se habían dedicado a entrar al Sistema de Información Municipal para ver documentos de todo tipo y se da la circunstancia de que la empleada accedió con la clave del otro trabajador, porque la suya no le daba acceso", ha apuntado.

Álvarez ha detallado que "se han contabilizado más de 4.500 accesos indebidos a expediente y documentos municipales" y ha señalado que "estos documentos no tienen que ver con su trabajo", de los cuales "1.500 expedientes son de Urbanismo, entre ellos solicitudes de licencias de obras de ciudadanos, expedientes de aperturas de negocios, proyectos municipales de obras; más de 2.800 accesos al registro municipal, viendo escritos de ciudadanos, de empresas o partidos; 140 informes de intervención municipal; o información sobre mesas de contratación".

"Tres años dedicados a entrar al SIM para ver documentos, con datos personales de ciudadanos y empresas. Y en el caso de la delegada sindical, utilizando la clave del otro compañero", ha enfatizado.

Álvarez ha explicado que desde el Ayuntamiento, ante estos hechos, y antes de acordar abordar el expediente disciplinario, se contrató a un perito informático para corroborar lo sucedido, "otorgando certeza total sobre ellos".

La delegada ha señalado que "en un mundo regido por la ley de protección de datos, llevan tres años accediendo a más de 4.500 expedientes plagados de datos personales". "Con qué fin, qué uso y con quién se compartió lo iba a investigar la instrucción del expediente disciplinario, pero se ha querido desviar la atención de esos hechos con maniobras malintencionadas", ha manifestado.

El Gobierno municipal ha invitado tanto al grupo municipal del PP como a los sindicatos municipales a comparecer y valorar los hechos objeto del expediente disciplinario, aclarando si apoyan esa utilización de las herramientas informáticas municipales.

"Damos un paso al frente acudiendo a la Justicia para que se pueda investigar los hechos sin presiones ni amenazas a funcionarios municipales", ha concluido Álvarez.