"Se trata del agravamiento insostenible de una situación que se arrastra desde hace muchos años", han criticado desde CCOO, al tiempo que han recordado que en 2007, cuando se aprobó la Ley de Educación de Andalucía (LEA), se estableció en ella cuáles eran, y siguen siendo, los servicios complementarios de la Educación, como las aulas matinales, comedores escolares, acompañamiento en transporte o las actividades extraescolares.

La LEA no contempla que el apoyo al alumnado con necesidades especiales sea un servicio complementario, "dejando así claro que esa atención y apoyo corresponde a profesorado y a profesionales con la debida cualificación, algo lógico dada la situación especialmente sensible de este alumnado".

Sin embargo, hasta el día de hoy el personal de PITS y apoyo a alumnado con necesidades especiales es contratado por medio de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) a empresas ajenas a la Junta de Andalucía. En 2016 la Intervención General de la Junta ya advirtió en su informe que la APAE no tiene competencias para llevar a cabo esa contratación y estableció un plazo hasta el 2022 para solventar esta irregularidad, han apuntado desde el sindicato.

"La respuesta de la Junta de Andalucía debía ser asumir como empleo público los puestos privatizados, mediante la negociación colectiva y en base al artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, quedado así subrogado todo este personal. Pero, lejos de cumplir con esa obligación, la Consejería está tramitando un decreto que se opone a lo establecido en la LEA, algo que no está permitido por el ordenamiento jurídico español al ser un decreto una norma de menor rango", han criticado.

En el mencionado texto, según CCOO, se establece que tanto el personal de PITS como el de apoyo a NEE serán servicios complementarios, "perpetuando así la privatización y permitiendo que la APAE siga gestionado los contratos".

Desde que comenzó la propuesta del proyecto de Decreto, el sector de enseñanza de CCOO ha presentado aportaciones y alegaciones en contra, y ha defendido una enmienda a la totalidad del Proyecto de Decreto en el Consejo Escolar de Andalucía, "sin que hasta el momento la Consejería de Educación haya escuchado ninguna de las demandas".

La situación descrita afecta a 1.400 profesionales en toda Andalucía, la mayoría mujeres y 220 de la provincia de Málaga. Actualmente prestan servicios en 190 centros educativos públicos, "con condiciones laborales precarias, contratos parciales y en muchas ocasiones compartiendo centro, lo que puede acabar redundando en una merma de la calidad de la atención que recibe un alumnado especialmente sensible, al que la administración regional no le está brindando los medios que su propia legislación establece".

Por todo lo expuesto CCOO Málaga ha instado a retirar el decreto de privatización de estos servicios y ha llamado a la huelga desde este miércoles. Además, prevén otras acciones para que el Gobierno de Andalucía "cumpla con la legislación vigente".