Nuevo paso adelante de la parte socialista del Gobierno para la protección de los hogares más vulnerables. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está trabajando con los ayuntamientos para que la prohibición del corte de suministros también abarque al agua, además de la luz, como este martes aceptó incluir en una disposición adicional, quizá al decreto antidesahucios, y este miércoles ha asegurado que también afectará al gas.

Según ha explicado Ribera a su llegada  al Pleno del Congreso, a la prohibición del suministro de la luz se sumará también la de que no haya cortes de agua, algo que ha apuntado que es competencia de los ayuntamientos. Ribera ha pedido tiempo para gestionar una disposición que, ha dicho, irá más allá del estado de alarma.

La vicepresidenta ha explicado que antes hay que hacer un "estatuto de consumidor vulnerable" para que los Servicios Sociales municipales identifiquen a personas que serían beneficiarias de la prohibición, en este caso, de cortar el agua. En todo caso, fuentes de Transición Ecológica apuntan que "los ayuntamientos ya no están cortando el agua ni el suministro eléctrico", porque se ha pasado de un promedio de 40.000 cortes anuales a unos 15.000 en este último año, producto de lo que consideran un "factor inhibidor".

Decreto antidesahucios

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó este martes que la prohibición del corte de suministros se añadirá como una disposición adicional a cualquier ley o decreto que se esté tramitando en la actualidad, que previsiblemente será el mismo decreto antidesahucios que ha provocado la penúltima fricción entre los socios de la coalición, entre Unidas Podemos que quiere prohibir también el corte de suministros y el PSOE, reticente y que poco ha poco ha ido cambiando de opinión.

Aunque está previsto que estas prohibiciones se engarcen en el decreto antidesahucios, fuentes de Transición Ecológica han apuntado este miércoles que primero habrá que ver cómo queda la versión final de esta pieza legislativa para decidir. "El decreto no es problema, una parte está preparada pero hay una parte regulatoria que hay que hacer bien", han señalado las fuentes.

En todo caso, apuntan que una vez es la declaración "política" que supone incluir la prohibición del corte de suministros en un decreto y otra la finalización de los instrumentos para que eso sea así. En el caso del agua, indican, el estudio que se está haciendo con los Ayuntamientos. Se trata, indican, de "hacerlo eficaz".

Lo que ha asegurado este miércoles Ribera es que existe la "completa convicción de los miembros del Gobierno de que necesitamos reforzar todos los mecanismos". "Otra cosa", ha añadido, "es cómo seguimos avanzando para que acabe consolidando niveles de protección de manera estable y segura".