El Gobierno quiere impedir juicios por divorcio o concurso de acreedores sin intentar antes la mediación o el arbitraje

  • Aprueba un anteproyecto de ley de Eficiencia Procesal que contempla potenciar las sentencias orales y unificar litigios masivos.
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EUROPA PRESS
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Ante la congestión de juzgados y tribunales, el Gobierno apuesta por evitar que muchos casos lleguen a los tribunales y a dar una respuesta lo más rápida posible a los que terminen pasando por un juicio. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley de Eficiencia Procesal que, entre otros aspectos, evitará que casos de derecho civil y mercantil, entre ellos divorcios, convenios de regulación y custodias o concursos de acreedores, puedan llegar a juicio si antes las partes no han intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, a través de la mediación, el arbitraje o la conciliación.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado un anteproyecto que tratará de descongestionar juzgados que en 2019 no fueron capaces de dar respuesta más a que la mitad de casos que llegaron a ellos. Según el ministro, llegaron 6,2 millones de asuntos y solo se pudo "dar respuesta" a tres millones.

Para evitarlo, el anteproyecto consta de tres tipos de medidas, la primera de las cuales referente a potenciar los medios de solución de controversias para "reducir la litigiosidad en los tribunales". Se trata, ha dicho Campo, de se puedan resolver determinadas situaciones "sin llegar al punto final que son los tribunales".

Para ello, la futura ley potenciará recursos como el tercero neutral, la conciliación, el arbitraje y la mediación que, en el caso de litigios de derecho Civil y Mercantil se elevarán de categoría hasta hacerse imprescindible pasar por ellos antes de llegar a juicio. "No se dará curso a una demanda civil o mercantil si no va acompañada de un intento de arreglarlo por fuera" ha dicho Campo.

Más sentencias orales

Por otra parte, el Gobierno intentará potenciar las sentencias orales, aunque las escritas no desaparecerían, particularmente en los casos de "más complejidad". Campo ha apuntado que en 2021 se podrían dictar hasta 60.000 sentencias con oralidad.

Además, su intención es que los "litigios masivos", con imputados en hechos "muy similares" no tengan que desarrollarse como si fueran "absolutamente individuales". El anteproyecto propone tomar un procedimiento "testigo" del que se seguirán los demás. "No tiene sentido que los tribunales se entretengan en tramitar como si fueran individuales", ha dicho el ministro para defender otra forma de "agilizar" el proceso de impartir justicia, mediante una ley cuyo anteproyecto contempla también "ampliar los juicios verbales en el ámbito civil" y un nuevo recurso de casación civil, que simplificara su fase de admisión.

En tercer lugar y tal y como ya ha venido sucediendo en los últimos meses debido a la pandemia, Campo ha defendido un proyecto que busca "generalizar las vistas y las declaraciones por videconferencia".

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