El Gobierno ha elevado este martes el porcentaje de indultos que concede con informe desfavorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía con respecto a los datos de 2018 y 2019 y a las puertas de revisar los indultos solicitados en nombre de los políticos catalanes encarcelados por el procès. El Consejo de Ministros ha acordado conceder cuatro indultos y dos de ellos contaban con informe desfavorable de la Fiscalía, según ha explicado después de la reunión el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En este caso, se trata del 50%, cuando solo el 31% de los indultos que concedió el Gobierno entre 2018 y 2019 no contaron con los dos informes favorables.

Estos datos figuran en el informe sobre indultos concedidos en 2018 y 2019 que recientemente presentó en el Congreso el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno. Según el mismo, en 2018 se concedieron 17 indultos, un 0,39% de los solicitados, y en 2019, 30, un 0,94% del total. De ellos, el 98% contó con "al menos un informe a favor", del tribunal sentenciador o de la Fiscalía, y el 69% con los dos, de manera que el 31% solo fue apoyado por uno de los dos. Solo el 2% tuvo ambos en contra, una posibilidad que Campo tampoco descarta a la hora de estudiar los indultos para los presos del procès.

Campo ha hecho referencia a estos dos indultos concedidos este martes a pesar de tener "el informe negativo del fiscal" para señalar que "a priori" no puede determinar si los indultos de los políticos catalanes tendrán informes favorables.

"No hay un apriorismo", ha dicho el ministro. "Hoy hemos concedido, cuatro indultos, dos con informes favorables y dos con informes negativos del fiscal, no hay ningún a priori para saber por dónde deben ir" los de los presos del procès.

"Se estudiarán uno por uno como se hacen todos los indultos", ha añadido Campo que en una reciente entrevista en El País admitió que sería "excepcional", pero que el Gobierno podría concederles el indulto con el Tribunal Supremo [como tribunal sentenciador] y la Fiscalía en contra.

Países con menos pena por sedición

Por otra parte, la reforma del Código Penal para revisar la sedición vuelve a no tener fecha y en su preparación el Gobierno se está fijando particularmente en países donde existen penas mucho menores para el principal por el que fueron condenados los responsables de 1-O.

En principio, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar su anteproyecto antes de que terminara este año pero este martes el ministro de Justicia ha apuntado que "no hay fecha exacta para ello".

Según ha dicho, "se está trabajando" y se está comparando el delito de sedición en España con el de países donde está penado con menos años de cárcel e incluso solo con multas o inhabilitación.

Según ha dicho Campo, se está "cotejando lo que dice el Código Penal de Alemania, Francia y Portugal para establecer ante determinadas conductas una determinada sanción".

Alemania pena el delito de sedición con entre seis meses y cinco años de prisión; Francia, con entre dos y tres años de prisión, multa de hasta 45.000 euros, y Portugal entre tres y ocho años y inhabiltación para sufragio activo y pasivo hasta 10 años. Estos tres casos citados por Campo superan la pena que tiene el delito de sedición actualmente en España de entre ocho y 10 años de cárcel para sus promotores y de entre 10 y 15 si son cargos públicos.