Nuevo choque en el seno del Gobierno de coalición. El Ministerio de Seguridad Social, liderado por el socialista José Luis Escrivá, está estudiando elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral que se utiliza para calcular la cuantía de la pensión. Pero Unidas Podemos rechaza frontalmente una medida que supondría, a efectos prácticos, una rebaja de la prestación para muchos de los futuros jubilados.

Ayer, Escrivá rechazó ofrecer detalles sobre esa propuesta –aunque no desmintió que su ministerio la esté valorando– y se limitó a pedir "discreción" para no interferir en las conversaciones que tiene el Gobierno con patronal y sindicatos. Pero no es la primera vez que se plantea este tipo de reforma: ya en 2011 se aprobó que el tiempo de cómputo para calcular la pensión creciera de los 15 a los 25 años, una medida que se terminará de implementar en 2022.

Todos los partidos salvo Vox acordaron hace unas semanas en las recomendaciones del Pacto de Toledo "evaluar, a la mayor brevedad posible", el "impacto" de la decisión adoptada en 2011 "en función del tipo de carrera profesional del trabajador", ya que, según alertaban, "a menudo" estas carreras están "marcadas por periodos de desempleo y de precariedad". Y ese es el principal argumento por el que Podemos se opone a aumentar el tiempo de cómputo a 35 años: porque podría provocar una bajada en la cuantía de la pensión futura de los trabajadores que estén durante un largo tiempo en paro o que al principio de sus carreras puedan cotizar poco.

En este sentido, la portavoz orgánica de Podemos, Isa Serra, fue tajante: subir el número de años utilizados para calcular la pensión "no está en el acuerdo de coalición" y sería dar pasos "hacia atrás". "No es un paso en la buena dirección", sostuvo Serra, que aseguró que "es vital garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas".

Esta discrepancia se suma a las varias que, en las últimas semanas, han surgido en el Gobierno. Hoy, el Ministerio de Trabajo se reúne con los agentes sociales para evaluar una subida del salario mínimo que la vicepresidenta Nadia Calviño (Economía) y los empresarios rechazan. Y tampoco hay acuerdo en si el Estado debe compensar a bancos y grandes propietarios que no puedan desahuciar a familias vulnerables.

Cuatro frentes abiertos

- El PSOE estudia subir a 35 años el periodo para calcular la cuantía de las pensiones y Unidas Podemos lo rechaza.

- Los socialistas quieren compensar a pequeños y grandes propietarios por no poder desahuciar y Unidas Podemos solo lo pide para quien tenga menos de diez pisos.

- Los morados quieren prohibir el corte de suministros y los socialistas solo ampliar el bono social.

- Trabajo es partidario de subir el salario mínimo y Economía, junto a los empresarios, se opone.