Hasta el próximo viernes, 18 de diciembre, en horario de 10.00 a 13.00 horas, las puertas de la sede provincial de los populares turolenses, ubicada en la calle Amantes de la capital, estarán abiertas para quienes quieran estampar su rúbrica con la que mostrar su desacuerdo a dicha ley.

Esta acción se suma a las ya puestas en marcha y a las previstas en las próximas fechas para paralizar la que califican como una "nefasta ley educativa", tal y como ha manifestado el PP en una nota de prensa.

Así lo han indicado los senadores, Manuel Blasco y Carmen Pobo, que han estado presentes esta semana en la sede para la recogida de firmas. Allí, el representante de los populares en la Cámara Alta, ha recalcado que la 'Ley Celaá' "no es nada útil para la sociedad española" y que "es especialmente perjudicial para hijos y nietos".

"¿En qué cabeza cabe que dé igual esforzarse en aprender que ser un vago? ¿A quién se le ocurre que niños catalanes, vascos, gallegos o de las Islas Baleares puedan, dependiendo de quién les gobierna, dejar de estudiar en español? ¿Quién considera que en América, Asia o en el resto de Europa se pueda estudiar en español y no se pueda hacer lo propio en algunas comunidades autónomas? ¿Quién ha elegido que los padres no son libres para determinar a qué colegio llevar a sus hijos?", se ha preguntado Blasco para dejar constancia de que se trata de una "mala ley", que "no está consensuada con nadie" y que "hace oídos sordos a los padres, a las comunidades autónomas y a las formaciones políticas del parlamento".

Ante esta realidad, el senador ha subrayado la importancia que tiene el Partido Popular para poder actuar frente esas decisiones adoptadas por el Gobierno de España. Todo ello porque, según sus palabras, "defendemos la libertad de elección de los padres para escoger dónde estudian sus hijos, la educación pública y gratuita, pero también la concertada".

También apuestan por que en España se pueda estudiar y aprender en español y en el resto de lenguas oficiales, por la educación especial y especializada para aquellos niños que requieren una atención diferenciada, y para que el sistema educativo eduque a los niños y los jóvenes para que salgan al mercado laboral preparados y así optar a un puesto de trabajo en "un mundo cada vez más global".

OPOSICIÓN A ESTA LEY EDUCATIVA

Pobo ha anunciado que el Partido Popular adoptará las decisiones necesarias para que esta normativa "injusta y dañina" para la educación de los jóvenes "sea suprimida lo antes posible".

"En cuanto el PP vuelva a ocupar el Gobierno de nuestro país derogará una normativa que atenta contra algunos de los principales pilares de nuestra democracia", ha señalado.

Más concretamente, la senadora turolense ha precisado que siempreestarán en contra de aquellos que pretenden "coartar la libertad de lasociedad", aspecto que a su juicio "es evidente que sucede con este proyecto educativo".

De la misma manera que sucede con la eliminación del término vehicular para referirse al castellano, lo que ha sido tildado por la representantepopular como "la enésima muestra del servilismo de Sánchez con los nacionalistas e independentistas".

Según el PP, al contrario que el Gobierno central, Pobo se ha mostrado como una "defensora a ultranza" de la libertad. "Creemos que la sociedad es mayor de edad para poder elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos, también para que sean solo ellos los encargados de escoger el centro educativo que desean y para defender la igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes, valorando el esfuerzo y el trabajo", ha complementado.

Para Pobo es un asunto "capital" porque "el futuro de los jóvenes está en juego". Precisamente por ello ha reclamado al Ejecutivo nacional que apueste por "el mejor sistema educativo posible" para hacer de los estudiantes del presente y del porvenir "los más preparados posibles ante los retos que se nos avecinan en el horizonte".