Para ello se va a instalar la infraestructura necesaria para que estos 746 vecinos puedan estar comunicados a través de sus teléfonos y puedan acceder a otros servicios como Internet.

El diputado de Innovación y Provincia Digital, Santos Jorna, se ha reunido este lunes con los alcaldes de estas localidades, Juan González (La Garganta), Eugenio Trebejos (Toril) y Emiliano Martín (Valdeíñigos), además de la alcaldesa de Tejeda de Tiétar, Dolores Paniagua, para formalizar esta subvención nominativa.

"Se trata de una ayuda a unos municipios pequeños en cuanto a número de habitantes, pero grandes en lo que representan en la lucha titánica por el reto demográfico y en defensa del medio rural", ha apuntado Jorna.

Con esta ayuda, se procederá a la instalación de las antenas y las infraestructuras necesarias para que todos puedan contar con "unas comunicaciones del siglo XXI", ha dicho Jorna, que considera que la comunicación "es un derecho básico", y más si cabe en estos tiempos de pandemia en los que las tecnologías han jugado un papel tan importante para mantener servicios como la asistencia sanitaria, el teletrabajo o las clases online de los estudiantes.

En este sentido, los alcaldes han puesto en evidencia las dificultades que han venido viviendo y que se han visto agravadas por la pandemia de la Covid-19, en unos momentos en los que la comunicación tenía más sentido que nunca, y en los que "había estudiantes que no podían estudiar desde sus domicilios porque no había cobertura", ha dicho el diputado.

Los regidores han coincidido en la importancia de los gobiernos intermedios como son las diputaciones para cubrir estas necesidades, tal como ha hecho la de Cáceres con este proyecto de comunicación que, según ha explicado el diputado, tiene que ver con la orografía del terreno pero también con "intereses comerciales" ya que a las grandes compañías no les interesa invertir en localidades pequeñas.

"Vamos a seguir peleando para que cualquiera de los 392.000 habitantes que tiene la provincia de Cáceres tenga los mismos derechos en materia de comunicación que otros municipios más grandes u otras ciudades. Cuando no lleguen las empresas tendrán que ser las administraciones públicas las que hagan que estos derechos se cumplan", ha concluido Santos Jorna.