El Tribunal Supremo ordena repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por el 'caso Bateragune'

La decisión del Tribunal Supremo de que la Audiencia Nacional debe de volver a juzgar de nuevo a Arnaldo Otegi por un delito de pertenencia a organización terrorista, por intentar reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna se ha colado este lunes en el Senado. El portavoz del Partido Popular de la cámara alta, Javier Maroto, ha acusado al Gobierno de recibir el apoyo de Bildu el Presupuestos Generales del Estado y “apoyarse en Otegui hoy, el mismo día que hemos conocido que la Audiencia Nacional va a volver a juzgarle por pertenencia a una organización terrorista”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido que “pensar diferente no es delito, ser diferente no es delito, participar en la vida política para intentar transformar la realidad, no es delito”.
La decisión del Tribunal Supremo de que la Audiencia Nacional debe de volver a juzgar de nuevo a Arnaldo Otegi por un delito de pertenencia a organización terrorista, por intentar reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna se ha colado este lunes en el Senado. El portavoz del Partido Popular de la cámara alta, Javier Maroto, ha acusado al Gobierno de recibir el apoyo de Bildu el Presupuestos Generales del Estado y “apoyarse en Otegui hoy, el mismo día que hemos conocido que la Audiencia Nacional va a volver a juzgarle por pertenencia a una organización terrorista”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido que “pensar diferente no es delito, ser diferente no es delito, participar en la vida política para intentar transformar la realidad, no es delito”.
La decisión del Tribunal Supremo de que la Audiencia Nacional debe de volver a juzgar de nuevo a Arnaldo Otegi por un delito de pertenencia a organización terrorista, por intentar reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna se ha colado este lunes en el Senado. El portavoz del Partido Popular de la cámara alta, Javier Maroto, ha acusado al Gobierno de recibir el apoyo de Bildu el Presupuestos Generales del Estado y “apoyarse en Otegui hoy, el mismo día que hemos conocido que la Audiencia Nacional va a volver a juzgarle por pertenencia a una organización terrorista”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido que “pensar diferente no es delito, ser diferente no es delito, participar en la vida política para intentar transformar la realidad, no es delito”.
Otegi cree que con su apoyo a los PGE dirán "no a la ultraderecha".

La Audiencia Nacional volverá a juzgar a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, por el ‘caso Bateragune’, por el que fue condenado a seis años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación para ocupar un cargo público por pertenencia a organización terrorista tras intentar refundar la ilegalizada Herri Batasuna.

Así lo ha decidido por unanimidad el Pleno del Tribunal Supremo, que lo ha comunicado con una breve nota y sin publicar el fallo completo, que se dará a conocer en los próximos días. También se sentarán en el banquillo el resto de acusados:Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellería.

"El pleno jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Arnaldo Otegui y de los restantes condenados en el denominado ‘caso Bateragune’, ha acordado por unanimidad la celebración de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional", reza el comunicado compartido, en el que el Alto Tribunal ha hecho mención al tirón de orejas judicial dado por Europa. Y es que, en verano el Supremo tuvo que revocar la condena de Otegi después de haberla cumplido (cárcel e inhabilitación) porque el líder de EH Bildu logró demostrar la falta de imparcialidad de una de las juezas del tribunal, Ángela Murillo.

Una vez cumplida la pena y revocada la condena, la Fiscalía del Supremo se posicionó hace casi un mes a favor de repetir la vista contra Otegi y otros condenados. Esgrimió el Ministerio Público que "un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal". "Este Tribunal es de la opinión de que el mismo razonamiento que Ilevó al Tribunal Supremo a estimar que la Presidenta del Tribunal carecía de imparcialidad y que era necesario repetir el juicio con una nueva y diferente composición de la Sección debe ser aplicable al presente caso", aseguró la Fiscalía el escrito en el que se mostró a favor de repetir la vista, como pidieron Vox y también la asociación de víctimas Voces por el Terrorismo.

Lo cierto es que esta decisión del Supremo es el último paso de un tortuoso camino judicial de la causa. Después de que la Audiencia Nacional condenase a Otegi en 2011, el Supremo rebajó las penas al año siguiente. En 2018 llegó la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) y el pasado verano, la revocación.

Las reacciones no han tardado en llegar debido al papel activo que EH Bildu está adoptando en la política nacional. El propio Otegi se ha limitado a poner en su Twitter un mensaje en el que animaba a "sonreír" y decía, sin referirse explícitamente a nadie, que ni les "domaron", ni les "doblaron", ni les van a "domesticar". Por su parte, el PSOE, cuyas cuentas serán apoyadas por EH Bildu, se ha limitado a separar a la formación de las responsabilidades penales de su líder y el PP le ha pedido a los socialistas que no maniobrasen a favor de Otegi.

El 'caso Bateragune'

El 'caso Bateragune' es un proceso judicial contra varios miembros de la izquierda abertzale, acusados de integración en organización terrorista, por intentar reconstruir Batasuna para formar una "alianza independentista" siguiendo órdenes de ETA.

Por ello estuvieron encarcelados en torno a seis años y medio Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale, que siempre defendieron que estaban tratando de llevar su movimiento hacia la no violencia.

El caso generó protestas en Euskadi y las críticas de partidos políticos vascos y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que no tuvieron un juicio imparcial y que se vulneró el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece el derecho a un juicio justo. En ese momento en el que ya ETA ya se había disuelto tras haber anunciado tiempo antes el cese definitivo de la actividad armada.

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