Las dos adjudicaciones han sido para la empresa andaluza Mersant Vigilancia. Avispa dice que constituyen "un ataque directo a la libertad de la oferta y la demanda entre empresas en el libre mercado, además de, obviamente, claramente denunciables, por el consiguiente perjuicio laboral, económico y profesional que provocara, ya no solo en los propios trabajadores, sino también que repercutirá a la misma Administración por poner en riesgo la viabilidad económica de ambas contrataciones".

En el caso del expediente de Perlora, desde Avispa señalan un informe del responsable técnico de Proyectos del Servicio de Interior, que manifestaba que la oferta de la adjudicataria contenía valores "anormalmente bajos".

"No solo es reprochable la actitud de la Consejería de Presidencia y de los miembros de la mesa de contratación adjudicando estas licitaciones temerariamente como hemos venido denunciando los últimos años, sino cómplices en connivencia con empresa que únicamente persiguen reventar el mercado con sus precios a la baja y las graves consecuencias laborales y profesionales que provocan sobre los trabajadores del sector de la seguridad privada", alertan desde Avispa.