El avance de los resultados, publicados en la revista Boletín Criminológico, apunta hacia una voluntad popular de mayor punitivismo. Así, los delitos graves, la violencia sexual o el narcotráfico requieren, según los encuestados, penas más duras. El trabajo detecta, además, una tendencia a favor de cumplir de manera íntegra los años de prisión y en contra de rebajar los permisos penitenciarios por cercanía al fin de la condena.

Los resultados "son matizables", señalan los autores, y se están sometiendo a un análisis en profundidad que permita entender esta tendencia. "La literatura muestra que, ante preguntas generales, la actitud social busca que la gente vaya más a la cárcel. Pero cuando profundizas, cuando aportas algo de contexto, esa voluntad se rebaja", afirman desde el equipo integrado por los profesores del Departamento de Sociología de la UPO Mercedes Camarero, Federico Pozo, Luis Navarro y Alejandro López, junto con Manuel Caro (Universidad de Sevilla).

Para la realización de la encuesta, los sociólogos diseñaron 16 preguntas para testar la opinión de los andaluces sobre las sentencias, la política criminal, las condiciones de cumplimiento de las condenas y la finalidad principal de las penas. Además, los datos se han cruzado con las variables sociodemográficas de género, edad, posicionamiento ideológico, nivel de estudios y creencias religiosas.

Con ello, la investigación liderada por la UPO se sitúa como la más completa en su campo a nivel nacional y aplicada sobre una muestra representativa de la ciudadanía andaluza. Una originalidad que fue reconocida por el Instituto de Estudios Sociológicos Avanzados (IESA-CSIC), en su concurso de propuestas PACIS 2019, quien seleccionó este proyecto entre los 11 presentados por parte de universidades tanto españolas como europeas.

"El delito y la manera en que, como sociedad, abordamos su control a través del castigo que otorgamos a quienes lo cometen, son cuestiones que suelen generar un profundo interés entre la ciudadanía", puntualizan los investigadores. En este sentido, apuntan a cómo el debate social incide sobre la actitud hacia el delito, trazando relaciones con la cobertura mediática de los sucesos, el discurso político, la confianza en las instituciones del aparato de justicia penal o las fake news.

"Los medios de comunicación no han sido ajenos a este interés por el delito al situarlo de forma recurrente en el centro de su agenda e influir con ello en el debate público acerca de cómo le hacen sentir dichos casos, de la confianza que le merecen las instituciones que deben encargarse de controlar el delito y de cómo conseguir que dichos delitos y, de paso todos los demás, no vuelvan a ocurrir", afirman los autores.