De esta forma, el consejero, que ha presentado esta tarde en las Cortes el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad en lo relativo a su cartera, ha recordado que desde que se iniciase la legislatura se han convocado más de 30 procesos selectivos que promueven más de 1.200 plazas, y que hay por delante un reto clave como es el de establecer y aprobar unas nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que respondan a las exigencias de las funciones a desarrollar desde la Junta de cara al futuro de la Administración Pública.

A este respecto, el consejero ha anunciado que el Consejo de Gobierno de este jueves aprobará la convocatoria de 4.122 nuevas plazas, lo que, como así ha destacado, supone un incremento del 12 por ciento respecto del empleo público promovido en 2019, "y ello frente a quienes acusan a esta Junta de paralización de la actividad".

De la cuantía para la Función Pública, se desprende la especial apuesta por la formación y perfeccionamiento que posibiliten la mejor prestación de unos servicios públicos reconocidos por su calidad. De esta forma, se destinan más de 2,5 millones de euros a acciones formativas del personal de la administración de la Comunidad, así como de las entidades locales y del personal de administración y servicios de las universidades públicas.

El consejero, en su intervención, ha destacado como novedad que esa cifra se ve adicionalmente incrementada en 50.000 euros para, en colaboración las Cortes e Instituciones Propias de la Comunidad, complementar la formación de su personal a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.

AGENDA 2030

Dado el carácter transversal de la Consejería de la Presidencia, está en su haber promover todo lo relacionado con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcado por la ONU en 2015, centrando por tanto sus esfuerzos en impregnar la acción política de la Junta.

El consejero ha recordado que el Gobierno de Castilla y León está comprometido con esta línea de trabajo, por lo que el presupuesto de 2021 impulsará el cumplimento tanto de la Agenda como de los ODS, consolidando la participación de los castellanos y leoneses con la sostenibilidad a través de entidades como las universidades públicas u otras instituciones como la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal) o el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios.

En este sentido, Ibáñez ha anunciado que, como cristalización a la labor de análisis de la Agenda 2030 en la Comunidad, la aprobación de los presupuestos de 2021 coincidirá con la primera evaluación de las Directrices de Implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León.

Asimismo, ha recordado en este punto que la Agenda es objetivo nuclear de las inversiones que se promueven en las entidades locales y con ellas se actúa en un grupo de trabajo constituido en el seno de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, en colaboración activa y de forma particular con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

A lo largo de la comparecencia, Ibáñez ha enumerado algunos asuntos que tomarán especial relevancia a lo largo del nuevo ejercicio y que tienen su previsión en el nuevo presupuesto, tales como la labor para la protección, reconocimiento y sostenimiento de las víctimas del terrorismo en la Comunidad.

HOMENAJE ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Para ello se mantiene el trabajo desarrollado hasta ahora con la actividad 'Testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas', que ha permitido hasta el momento participar a 2.690 alumnos y, de forma adicional y como novedad, la institucionalización de un acto público que, con carácter anual y cuando las circunstancias lo permitan, contribuirá al reconocimiento y homenaje a la memoria de las víctimas en Castilla y León.

En este sentido, el consejero ha dedicado un sincero recuerdo a la memoria del comandante Juan José Aliste, tristemente fallecido en junio de este año y que representaba al colectivo de las víctimas en Castilla y León.

Por otro lado, desde la perspectiva de las Relaciones Institucionales, Ibáñez ha anunciado importantes avances en la colaboración efectiva con otras entidades, dando un salto cualitativo en su relación con las Cortes a través de la consolidación de la relación telemática entre ambas instituciones, lo cual que favorecerá el intercambio de información, así como otros avances para agilizar trámites que afecten a asociaciones y fundaciones.

En otros temas que atañen a la dirección de Relaciones Institucionales, el político ha destacado la importante labor de la Mesa del Juego Responsable, que seguirá trabajando para recoger el sentir de todos los actores implicados en el sector y favorecer la adaptación de la normativa de juego y apuestas a la realidad social existente, fruto del consenso y con la mirada puesta en la protección de los colectivos más vulnerables.

Uno de los anuncios más relevantes de la comparecencia en relación con el nuevo ejercicio, es el que atañe al compromiso pronunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León en julio de este año y que ya se prevé en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas de acompañamiento al Presupuesto, en relación con el control público preventivo de los entes del sector público de Castilla y León a través del denominado 'Compliance', "para evitar así situaciones que deriven en casos de presunta corrupción como el denominado Caso Arroyo" o también conocido como 'La Perla Negra' y "recuperar la imagen o reputación de estos entes".

Tal y como ha explicado el consejero, esto se llevará a cabo por la Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, y que previa modificación de la Ley Reguladora de la Asistencia Jurídica de la Comunidad, permitirá a la dirección el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de la Comunidad de Castilla y León, de forma especial en sus empresas públicas.

De esta forma, la Junta pretende elevar a los más altos estándares de integridad las actuaciones de la Administración Pública priorizando el interés público sobre intereses particulares.

Además, y tal como ha indicado Ibáñez, la implantación de este programa de 'Compliance' penal en aquellas entidades jurídico-privadas financiadas públicamente constituye una medida adicional y eficaz para evitar comportamientos delictivos y garantizar el cumplimiento de la legalidad, evitando posibles actuaciones individuales y personales inadecuadas de sus directivos.

El compromiso de la Consejería a este respecto es total, entendiendo que para su correcto desarrollo es necesario adaptarse a los cambios normativos y proporcionar una rápida y eficaz contestación para lo que resultan esenciales las actuaciones formativas para los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad.

El presupuesto 2021 prevé también la formación conjunta con los colectivos de Jueces y Fiscales para lo que se va a seguir apostando por la organización de congresos, cursos y seminarios que garanticen la máxima profesionalidad del personal, a la vez que se ofrece a los jueces y fiscales un acercamiento a la problemática y materias propias de la actuación de la Administración autonómica colaborando así con una mejor y más profesional administración de la Justicia al ciudadano.