La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a seis meses de prisión al ex alcalde de Ribadesella, José Miranda Reigada y a su mujer, Irene Vidal, por un delito contra la ordenación del territorio. La juez dictaminó la demolición de los apartamentos turísticos que el matrimonio construyó hace siete años en el territorio protegido de la reserva natural de Cova rosa en la localidad riosellana de Sardéu.

 En la sentencia se condena a Miranda y a Vidal con una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros para cada uno de ellos y les inhabilita para toda actividad relacionada con la construcción mientras dure la condena. La Audiencia alega que el ex político conocía la envergadura real de las obras a efectuar y que de hecho se llevaron a término, que superaban ampliamente una mera rehabilitación, que era lo que reflejaba la licencia de obras. Además se resalta que estos trabajos fueron una construcción en zona no urbanizable de especial protección.

La sentencia agrega que "no debe olvidarse que constituye un ataque a un suelo doblemente protegido por razones ecológicas y paisajísticas" y que "realizar construcciones destinadas al uso residencial no autorizadas ni autorizables constituye una conducta que reúne la gravedad suficiente y para ejecutar estos trabajos se valieron de una licencia declarada nula por la jurisdicción contencioso-administrativa".

El 16 de octubre de 2002 Irene Vidal solicitó al Ayuntamiento de Ribadesella -cuando su marido ocupaba el cargo de alcalde- permiso para reparar los muros y el tejado de un llagar ubicado en dicha parcela , de la que igualmente es propietario su marido y alcalde del concejo. Según la sentencia,  "se trataba de enmascarar la realidad de la obra".

Multa de 4.500 euros

"Así, evitó la intervención de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, que era al que le correspondía la autorización al tratarse realmente de una nueva construcción la Reserva Natural Parcial de Cova Rosa", destaca la sentencia.

Miranda fue declarado culpable, en octubre de 2008, de un delito de prevaricación urbanística por el que se le condenó a ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Además, tendría que pagar una multa de 4.500 euros. Se le acusaba de concederle una licencia a su esposa sabedor de que las obras superaban notoriamente las descritas en el documento.

CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE OVIEDO Y GIJÓN