En su resolución, fechada el pasado 4 de diciembre y recogida por Europa Press, la institución encabezada por Maeztu da cuenta de la queja promovida ante la misma por una mujer que el pasado mes de enero sufría el lanzamiento o desalojo de la vivienda que habitaba junto a su marido, lo que les llevó a "pernoctar en un vehículo" estacionado en las calles de Sevilla.

Todo ello, cuando la mujer sufriría un grado reconocido de discapacidad del 37 por ciento y su marido del 60 por ciento, estando este último "a la espera de una intervención quirúrgica". Los únicos ingresos del matrimonio, según la promotora de la queja, se reducían a 750 euros, por lo que les resultaba "imposible" afrontar los gastos de una vivienda en el mercado libre.

Es por ello que la mujer señalaba en su queja a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz la "necesidad" del matrimonio de acceder a una vivienda protegida, exponiendo que tras recurrir a los servicios sociales del Ayuntamiento hispalense, la "única" opción ofrecida consistía en "un piso compartido" al que decidieron renunciar al no ser admitidas en el piso las "dos perras pequeñas" del matrimonio.

Del mismo modo, la mujer precisaba en su queja que el matrimonio estaba inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, que cuenta con más de 10.000 personas inscritas, aspirando a "la adjudicación de 12 viviendas protegidas".

GESTIONES INSTITUCIONALES

En el curso del trámite de esta queja, según se detalla en la resolución, la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) daba cuenta a la institución de Maeztu que en febrero de este año, el área municipal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento entregó a la Oficina Municipal de Vivienda una "resolución de excepcionalidad" respecto a estas personas, para la adjudicación de una vivienda social, con los "criterios de prelación y asignación" que este tipo de resoluciones implica para la entrega de pisos vacantes de Emvisesa.

Fruto de esta resolución del área municipal de Bienestar Social, estas personas "quedaban en la bolsa de familias pendientes de asignación de una vivienda por esta vía" de excepcionalidad a cuenta de su situación, narra la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, precisando que dicha área del Ayuntamiento matizaba en paralelo que en aquellos momentos no disponía "de ningún recurso en el que (los afectados) pudieran permanecer con sus perros".

Por eso, fue gestionado para ellos "alojamiento con financiación municipal en un hostal donde ambos decidieron que se alojaría la esposa, ya que por sus patologías y edad se encontraba más expuesta a enfermar, y el marido decidió seguir como hasta entonces (es decir pernoctando en un coche), hasta que pudieran acceder a un alojamiento en el que admitieran a sus mascotas".

VÍAS DE SOLUCIÓN

Posteriormente, según esta resolución del departamento de Maeztu, la mujer "pasó a ocupar una plaza en un piso de tránsito" y gracias a una actualización de su "informe de excepcionalidad", mejoraron las "posibilidades de acceso" de estas personas a una vivienda pública, confirmando finalmente la mujer a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que el Ayuntamiento hispalense le "había ofrecido una vivienda pública en régimen de alquiler".

Dado el caso, el departamento de Maeztu constata que el Ayuntamiento ha estado "actuando conforme al protocolo establecido para los casos de unidades familiares en situación de exclusión social y emergencia habitacional".