La próxima propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones animará a los trabajadores a retrasar el momento de su jubilación hasta los 67 años por medio de unos incentivos que hoy existen pero son poco conocidos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, busca junto a patronal y sindicatos la manera de reformarlos, como paso previo a la campaña de comunicación que se hará para difundirlos. Antes, se plasmarán en el primer proyecto de ley -sobre el sistema de pensiones- que el Consejo de Ministros prevé llevar al Congreso en 2021.

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De momento, ya ha habido tres reuniones técnicas entre el Ministerio y los agentes sociales. A razón de una semanal, los lunes, aunque la semana que viene no habrá por ser festivo y la próxima cita está programada para el 14 de diciembre. Fuentes de Seguridad Social apuntan que se ha avanzado "bastante", aunque las partes mantienen confidencialidad sobre el contenido de las conversaciones.

Lo que sí confirman todas es que sobre la mesa ya está cómo demorar la jubilación más allá de los 65 años, y fijar beneficios para que los trabajadores quieran estar en activo hasta los 67, aunque cuando los afectados hayan cotizado más de 38 años y medio. También, al contrario, cómo reducir la tasa de jubilaciones anticipadas.

Puro desconocimiento

El ministro Escrivá ya lo avanzó hace unos meses en el Congreso. Ante los diputados no ocultó su sorpresa al comprobar cómo había personas que se jubilaban más tarde de los 65 años y sólo meses antes de cumplir los 67, renunciando a la bonificación del 2% en sus pensiones para siempre.

Este fenómeno, que en Seguridad Social atribuyen al simple desconocimiento de esta ventaja, se ha constatado en las encuestas que posteriormente ha realizado este Ministerio y que concluyen que los trabajadores que alargan su vida laboral y la interrumpen poco antes de los 67 años no saben que por pocos meses está renunciando a una pensión más alta.

La reforma de las pensiones quiere acabar con esta situación. Primero, Escrivá y los agentes sociales discuten si hay que modificar los incentivos -en el Gobierno rehúsan detallar si de lo que se trata es de elevar el porcentaje de bonificación-. Después, habrá una gran campaña de comunicación para que los trabajadores sepan que pueden beneficiarse de seguir trabajando hasta los 67.

En el Ministerio señalan que es una medida que no tendrá apenas coste, dado que el gasto mayor en pensiones por una jubilación demorada se compensa con más años de cotización a la Seguridad Social, algo que, apuntan, sería "muy beneficioso".

Pensiones al IPC

Por otra parte, la reforma de las pensiones consagrará finalmente en la ley la revalorización de las mismas al IPC, algo que el Gobierno del PP sustituyó por el Índice de Revalorización de Pensiones (IRC), que garantizaba una revalorización del 0,25% anual, independientemente de la inflación, lo que hizo que en los años que se aplicó no se revalorizaran con el coste real de la vida.

Desde hace dos años, el Gobierno primero del PSOE y después de coalición las ha complementado para que crezcan con el IPC, algo que quedará definitivamente plasmado en la reforma de las pensiones, según recomienda el acuerdo del Pacto de Toledo.

También, el fondo de provisión pública, habrá cambios en los incentivos de los planes de pensiones y se está diseñando el complemento de maternidad. Lo que no está claro todavía si se incluirá ya la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos -de módulos de actividad a ingresos reales- porque en el Ministerio todavía no sabe "si va a dar tiempo" para un proyecto de ley con el que el Gobierno estrenará la actividad legal de 2021.