Según ha informado el Gobierno asturiano, la reforma permite agilizar el procedimiento para acceder a la prestación autonómica. Asimismo, se regula la convivencia del salario social básico con el ingreso mínimo vital, la renta social estatal aprobada en junio. Además, el cambio en el decreto incorpora medidas incentivadoras del empleo para sus beneficiarios.

El texto propuesto generaliza el uso de la declaración responsable para todos los trámites y pretende eliminar cargas burocráticas a las personas que perciben el salario social.

Según los últimos datos disponibles, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha tramitado 3.579 expedientes de ingreso mínimo vital correspondientes a titulares de salario social básico. De ellos, resultaron 2.797 concesiones (el 78%), mientras que el resto se denegaron al no reunir los requisitos exigidos o exceder el límite de rentas establecido.