"En menos de una semana nos vemos en la calle. Todos tenemos niños, muchos de ellos con minusvalía", ha alertado una de las afectadas, Vanessa Santiago. Ha manifestado que es "una injusticia", y ha indicado que les notificaron hace dos semanas que tenían que abandonar las viviendas: "En menos de 20 días quieren que recojamos y busuqemos un piso. Somos familias vulnerables, no tenemos dinero para pagar un alquiler, no pedimos más que un alquiler social".

Santiago ha explicado que accedieron a las viviendas con contratos y que están pagando los suministros y los alquileres. No obstante, los inmuebles pasaron a ser propiedad de un fondo en el que participa la propia entidad bancaria, y que les han ofrecido "2.000 o 3.000 euros por vivienda" para que se vayan. "No queremos dinero, queremos nuestra vivienda. El dinero no nos soluciona nada, y nos vemos en la calle y con hijos", ha aseverado.

Por ello, ha afirmado que "de momento, hay que paralizarlo". En caso de que no sea así, se ha preguntado: "¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? La mayoría no tenemos medios para meternos en un piso de alquiler, no tenemos nóminas y estamos recibiendo una renta mínima". "Nos están forzando a que seamos ocupas, nos va a tocar abrir puertas y entrar dentro. Yo no voy a dejar a mis hijos sin techo. Solamente estamos pidiendo vivir dignamente", ha agregado.

Los afectados han realizado sendas concentraciones junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y les han recibido el alcalde de València, Joan Ribó; el director de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha), Alberto Aznar y varios diputados del PSPV, entre ellos el portavoz adjunto en Corts, José Muñoz, y el parlamentario en el Congreso Vicent Sarrià.

Miembros de la PAH se han reunido con Ribó para presentarle una propuesta, que el primer edil se ha comprometido a estudiar, "para pedir por salud pública y responsabilidad política, que se acabe con los desahucios en plena pandemia".

Por su parte, Muñoz ha expresado su "preocupación" por la situación en la Pobla de Vallbona y ha defendido el decreto ley que está trabajando el Gobierno y que se prevé aprobar en "dos o tres semanas" que servirá para generar una "reforma estructural y no coyuntural" y que "no haya ninguna persona que se quede sin vivienda".