La euroorden sigue encima de la mesa y este martes la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha decidido que este mecanismo debe aplicarse "automáticamente" cuando se cometan delitos "contra el orden constitucional" de un Estado miembro. Esto, entre otros, incluye el delito de sedición, aplicable al caso de Carles Puigdemont, que sigue fugado en Bélgica. La idea es que se aplique sin necesidad de dobles comprobaciones.

Este principio se incluye en la propuesta de reforma de la euroorden, cuyo ponente e impulsor ha sido el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, y que ha sido aprobada con una amplia mayoría por la Comisión de Libertades Civiles tras respaldar los compromisos alcanzados por el propio Zarzalejos con los grupos parlamentarios.

"El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión", explicó el eurodiputado del PP.

La euroorden está operativa en los países de la UE desde el 1 de enero de 2004. Desde 2005 se han realizado unas 56.000 órdenes de entrega entre los estados miembros de la UE. En 2017 se concretaron 6.317 órdenes de entrega, mientras que en 2018 fueron casi 7.000. En 2017 los estados miembros rechazaron 796 peticiones de entrega realizadas por otro estado miembro, pero solo 109 de ellas fueron por riesgo de vulneración de derechos.

En el informe se incluyen delitos como el mencionado ataque a la integridad constitucional de los estados miembros o contra el orden público; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal. Actualmente estos delitos están cubiertos por la euroorden, pero la entrega no se realiza automáticamente, sino que se requiere el control de la denominada doble tipificación.

Además, piden establecer que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos.