Las funcionarias, a Sanidad y los funcionarios, a Fomento: disparidad de género entre ministerios del Gobierno paritario

  • Hay más funcionarias de ministerios relativos con "cuidados" que en los considerados 'duros'.
  • El 70% de los altos cargos son hombres y las mujeres ocupan el 82% de los contratos fijos discontinuos y el 69% de los interinos.
  • Los centros de trabajo serán "enlace" entre las empleadas públicas y las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género.
  • Darias acuerda con los sindicatos crear una ha base de datos para impulsar los nombramientos de mujeres dentro de la Administración.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los ministros Marlaska, Illa, Robles y Ábalos este domingo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los ministros Marlaska, Illa, Robles y Ábalos este domingo.
MONCLOA

El Gobierno paritario de Pedro Sánchez no se traslada a la presencia de hombres y mujeres en los ministerios. De  hecho, en pleno siglo XXI sigue habiendo departamentos "de hombres" y "de mujeres", donde sobre mayoría funcionarios de uno y otro sexo, que se corresponden en muchas ocasiones con los roles que tradicionalmente la sociedad atribuye a unos y otras. Así, en los ministerios de Defensa, Interior o Fomento trabajan más funcionarios que funcionarias y a la inversa en los de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el de Cultura o el de Educación.

En concreto, en el Ministerios de Seguridad Social -y Trabajo, según la denominación de la pasada legislatura-, trabajan más de 23.000 funcionarias frente a 15.200 hombres. En el de Educación y Formación Profesional, son 6.000 mujeres frente a 2.400 hombres y en el Ministerio de Sanidad -que también engloba Consumo y Servicios Sociales- son 3.100 funcionarias frente a 1.100 funcionarios.

Ministerios con más funcionarias y con más funcionarios, según el III Plan de Igualdad en la Administración.
Ministerios con más funcionarias y con más funcionarios, según el III Plan de Igualdad en la Administración.
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Estos datos forman parte de la evaluación sobre las condiciones laborales de hombres y mujeres en la Administración Pública que consta en el III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que han firmado este lunes la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y los sindicatos del ramo. Según CSI-F, la distribución de hombres y mujeres en la Administración revela "segregación horizontal", según la cual hay más mujeres en "áreas sociales y administrativas" y de hombres en áreas "tecnológicas y de seguridad".

Según el documento, otros ministerios típicamente "femeninos" son el de Política Territorial, Cultura y Deporte, Justicia y Agricultura, según una evaluación de dónde trabaja el personal público que, en general, no distingue de si a la cabeza de un ministerio hay un ministro o una ministra. Sí destaca que en tres departamentos de los considerados 'duros' -Hacienda, Asuntos Económicos e Industria- están encabezados por mujeres -María Jesús Montero, Nadia Calviño y Reyes Maroto- hay más trabajadoras que trabajadores.

Por el contrario, los funcionarios hombres abundan en los ministerios del Interior (casi 20.000 funcionarios frente a 12.300 funcionarias), Defensa (9.200 frente a 6.600), Fomento (3.100 frente a casi 2.000), Transición Ecológica (5.100 frente a 2.500) o Presidencia (1.600 frente a 1.400).

Una de las medidas concretas es que en seis meses va a crearse una base de datos de perfiles profesionales de mujeres cualificadas para la ocupación de puestos de responsabilidad dentro de la Administración y la "captación de talento" en cuerpos donde las mujeres estén infrarrepresentadas. Según apunta el sindicato mayoritario de funcionarios, CSI-F, hoy en día el 69% de los altos cargos son hombres y solo el 31% de los 425 altos cargos -131- están ocupados por mujeres.

El número de hombres y mujeres funcionarios adscritos a los ministerios de Asuntos Exteriores y Ciencia e Investigación es prácticamente el mismo, aunque el primero refleja muy bien una de las principales brechas entre hombres y mujeres dentro de la administración pública, el que tiene que ver con el acceso de mujeres a los puestos de mayor relevancia. Así, de los 129 embajadores que tiene España, 107 son hombres y solo el 22 restante son mujeres. En el caso de la Abogacía del Estado, otro de los cuerpos de élite de la Administración, solo el 38% son mujeres y el 62% restante, hombres.

En general, los niveles más altos de la Administración  -los niveles de funcionario 28, 29 y 30- están copados por hombres y mucho más abajo, CSI-F advierte de que "los puestos de mayor precariedad e inseguridad laboral están ocupados por mayoritariamente por mujeres", que ocupan el 57,3% de los contratos temporales, el 82,3% de los fijos discontinuos y el 68,9 de los puestos interinos.

En la Administración Pública la brecha salarial es notablemente inferior que en el sector privado -un 5,2%, que se eleva al 8,1% entre los funcionarios- y, en un contexto en el que los sueldos están más tasados, se refleja en el acceso a los mejores puestos, por diferencias entre escalas y niveles, la promoción, ocupación de puestos directivos o reducciones de jornada para atender a cuidados familiares). 

Entre los funcionarios, los funcionarios cobran 20,06 euros brutos por hora y las funcionarias, 18,43 euros. Los ministerios en los que se registra una mayor brecha en el salario bruto por hora son Asuntos Exteriores (13,2%), Justicia (11,4%) y Hacienda (8,9%).

Menos "presencialismo" y violencia de género

Además de la base de dato para promover el ascenso de funcionarias, el III Plan de Igualdad contempla evaluar a los departamentos y crear el distintivo “Igualdad en el Empleo Público” para reconocer la excelencia de aquellos que destaquen en promover la igualdad, racionalizar horarios y promover la flexibilidad horaria que fomente la conciliación y desincentive el "presencialismo" e implantar guías frente a "sesgos, estereotipos de género y para promover el lenguaje inclusivo y no sexista".

El documento también se compromete a "analizar y combatir la brecha salarial" , elaborar un nuevo Protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo dentro de la Administración y para ofrecer asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género, de manera que los centros de trabajo actúen de "enlace" con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras. 

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