La Audiencia de Zaragoza ha condenado a un hombre que regentaba un restaurante en la población de Cuarte de Huerva a 10 años de prisión por la violación de una joven con la que había acordado mantener una entrevista de trabajo el 23 de abril de 2018.

El tribunal impone al acusado a indemnizar a la joven con 12.000 euros por la agresión sufrida, le prohíbe acercarse a ella durante un periodo de 15 años y le impone una medida de diez años de libertad vigilada al término de la condena impuesta.

En su relato de hechos, la Audiencia de Zaragoza señala que el acusado, que contactó con la joven a través de una aplicación de búsqueda de trabajo, concertó una cita a últimas horas de la tarde del 23 de abril de 2018 y le invitó a cenar para hablar de las condiciones del empleo.

Considera probado el tribunal que tras la cena, el procesado, que insistió durante la velada a la joven para que bebiera vino, esperó a que los clientes se marcharan del local, sobre las 01,30 horas de la madrugada, y cerró con llave.

Durante un baile en el interior del establecimiento, el hostelero comenzó a someter a tocamientos a la joven, que expresó en ese momento su deseo de volver a casa.

El acusado se ofreció a llevarla a casa al no haber autobuses a esa hora, pero durante el viaje, al ser rechazada por la víctima la oferta de ir a un hotel en Cadrete, la condujo hasta un polígono industrial, donde consumó la violación antes de introducir 200 euros en la cartera de la joven.

Los magistrados estiman la declaración de la víctima como "clara, persistente en el tiempo y sin contradicción alguna, sin que se advierta motivo espurio alguno", y consideran que la agresión se produjo al negarse la joven a mantener relaciones.

También aprecian como agravante la condena de 2 años y 6 meses que le fue impuesta al acusado por el Juzgado Penal nº 6 de Zaragoza tras reconocerse autor de delitos de abuso y acoso sexual, una sentencia cuya ejecución fue suspendida tras acreditar que había indemnizado a las víctimas con 5.000 euros.

Este juzgado revocó la suspensión de la pena tras conocer que el procesado, en prisión por los referidos delitos de abuso y acoso, había sido condenado por otro órgano judicial por otros hechos.