El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció este viernes que su departamento ha aprobado una resolución que amplía en seis meses, hasta finales de mayo, el plazo para solicitar los microcréditos del ICO para hacer frente al pago del alquiler.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Ábalos hizo este anuncio al ser preguntado por cuándo podría aprobar el Ejecutivo la norma que ampliará la suspensión de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional. A este respecto, destacó que su departamento ya ha remitido una propuesta a los otros ministerios implicados, la vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias y la de Asuntos Económicos de Nadia Calviño.

Sobre la posibilidad de que la normativa esté lista en 15 días como dijo Iglesias, Ábalos indicó que “ojalá” y aseguró que “vamos a hacerlo en el plazo más breve posible”. “Vamos a enfrentar ese drama de los desahucios que no se corresponde con el derecho a la vivienda que consagra la Constitución”, destacó el ministro, quien reivindicó que desde el Gobierno “siempre hemos mantenido esa sensibilidad y ese empeño”.

En cuanto a la propuesta de su departamento, explicó que prorroga la imposibilidad de realizar alzamientos por el impago de los arrendamientos de hogares que se vieron afectados por la pandemia más allá del 31 de enero, aunque no precisó hasta cuándo. “Un tiempo más”, dijo.

Además, destacó que va a incorporar todas las situaciones de vulnerabilidad previas a la pandemia y que va a exigir que el juez antes de declarar el desahucio consulte a los servicios sociales municipales sobre la vulnerabilidad del hogar afectado.

La ayuda que el Gobierno ha prorrogado otros seis meses puede llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

A ellas, pueden acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del Covid-19, con un límite de ingresos de tres veces el Iprem, modificable al alza en función de ciertas condiciones.

Se trata de una línea de avales con total cobertura del Estado para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.