Los hechos se desencadenaron cuando tuvieron conocimiento de la descarga por parte de un barco de pesca profesional de 6 tunas (thunnus obesus) a una distribuidora del municipio de Valle Gran Rey directamente y sin pasar por primera venta.

Conforme a ello y teniendo en cuenta que actualmente todas las capturas de este espécimen se encuentran fuera de cupo, se iniciaron una serie de gestiones para su localización.

A lo largo del fin de semana, los agentes obtuvieron diversas informaciones sobre dónde y cómo las citadas 6 piezas de tuna habían sido manipuladas para su corte y distribuidas posiblemente por distintos establecimientos hosteleros de la localidad.

Conforme a los hechos, los agentes, junto con Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias, realizaron una inspección en la distribuidora que supuestamente habría descargado las tunas y las habría trasladado a sus congeladores, durante la cual se comprobó que efectivamente allí se encontraba el pescado, por lo que se procedió a su inmovilización, tratándose de un total de 107 kilos de tuna, ya manufacturada y preparada para su venta.

En relación a la documentación aportada por la distribuidora inspeccionada y que en principio ampararía los 107 kilos, los agentes observaron y comprobaron diversas deficiencias que podrían inducir a error como número de lote o frescura del producto, así como venta de productos pesqueros con un número de lote y una facturación cuyo peso excedía del amparado por el número de lote original de la nota de primera venta empleada.

Además, también se detecta que la nota de primera venta fue usada de manera irregular para amparar las tunas intervenidas, ya que se correspondían con otras capturas.

Debido al análisis que realizaron los agentes del Seprona, se comprobó que los datos no se correspondían con la realidad y que gracias al engaño, se había continuado la supuesta trazabilidad del producto hasta en tres establecimientos hosteleros donde habían sido vendidos otros tres especímenes de tuna de los descargados directamente y sin pasar por primera venta.

INVESTIGAN AL PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA Y EL DEL BARCO DE PESCA

Conforme a ello, se procedió igualmente a la inmovilización de unos 162 kilos de tuna por carecer de trazabilidad y primera venta, pudiendo tratarse de un riesgo para la salud del consumidor final.

Teniendo en cuenta los hechos, los agentes han instruido diligencias en las que investigan al propietario del establecimiento mayorista como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de falsedad en documento mercantil.

Además, también le han sido notificadas diversas propuestas de sanción por incumplimientos en materia de pesca.

Igualmente, se procedió a la localización y notificación de propuesta de sanción en materia pesquera para el propietario del barco de pesca profesional que había capturado y descargado las piezas en el muelle de Valle Gran Rey.