La diputada del PP Gloria García ha sido la encargada de defender esta iniciativa, asegurando que en cuanto cambie el Gobierno, la Lomloe será derogada. En su iniciativa insta al Principado a garantizar la existencia de distintos modelos educativos "para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir en libertad el tipo de educación que quieran para sus hijos". Se solicita también que el Ejecutivo autonómico "proteja" para ello el sistema de conciertos educativos.

El PP defiende además que se mantenga el concepto de demanda social "como base para garantizar la libre elección de centro educativo"; o que se garantice "expresamente" el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades educativas especiales a decidir si escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros específicos de Educación Especial.

En su iniciativa, los 'populares' piden que se garantice el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación mediante el sistema de oposición; la permanencia de la asignatura de Religión en las escuelas e institutos; y que se garantice el uso del castellano como lengua vehicular.

En definitiva, el PP pide al Principado que inste al Gobierno de España a retirar la reforma educativa "por haberse planteado sin consenso y ni tan siquiera diálogo con la comunidad educativa, por tramitarse con oscurantismo y apresuradamente, y por provocar división social; y abrir un proceso de diálogo con la comunidad educativa, con los agentes sociales y con las distintas fuerzas políticas que promueva y posibilite la consecución de un gran pacto de Estado por la educación".

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha asegurado que su grupo parlamentario coincide "plenamente" con la argumentación del PP y ha destacado que "hay un consenso grande" en la sociedad española para que "esta ley no siga adelante". "Sale con el menor apoyo de toda la democracia, nace muerta", ha asegurado.

En esta misma línea el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha puesto el foco en este último aspecto, señalando que una ley que nace sabiendo que en cuanto cambie el gobierno se va a derogar, "no puede ser considerada un éxito, sino un fracaso". Ha señalado también que la falta de un pacto educativo es "el gran fracaso" de los sucesivos gobiernos.

El diputado de Ciudadanos Luis Fanjul ha ahondado en este asunto, señalando que el hecho de que se hayan aprobado ocho leyes educativas distintas desde el inicio de la democracia es "un fracaso como país". Ha mostrado su respaldo a la iniciativa del PP y ha criticado que la Lomloe pretenda aprobarse "con nocturnidad y alevosía". "Nace muerta y tendrá una vigencia muy corta", ha vaticinado.

En un sentido contrario se ha manifestado la portavoz de IU, Ángela Vallina, quien ha criticado la iniciativa del PP y ha subrayado el papel de los poderes públicos para garantizar el derecho a la educación para "todos". "Ese es el mandato constitucional", ha dicho, y no la libre elección de centro "a costa del contribuyente". Ha defendido igualmente que la Lomloe "no supone una amenaza" de desaparición de los centros de educación especial.

La diputada de Podemos Nuria Rodríguez, por su parte, ha resaltado que la Lomce, aprobada por el PP fue la "menos apoyada por la comunidad educativa" y "prohibió que las mujeres fueran educadas en libertad". Calificándose de "abiertamente cristiana", Rodríguez ha mostrado su "cansancio" por que determinados partidos políticos expliquen "qué es o no la religión". Precisamente por su condición, ha subrayado, quiere que la educación sea laica. Ha criticado asimismo que la iniciativa del PP "ataca a la educación".

Finalmente la diputada del PSOE Mónica Ronderos, ha señalado que el derecho a elegir centro "no se cuestiona" en la Lomloe" y ha defendido que tampoco se plantea "en ningún caso" el cierre de centros de educación especial. Respecto al uso vehicular del español, ha recriminado al PP que tenga un "problema serio de comprensión" de la Constitución española y ha recordado que fue el PP quien introdujo el término de lengua vehicular en la Lomce. "La Constitución no habla de lenguas vehiculares, sí de proteger la diversidad lingüistica del país", ha apostillado.