La ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), fue defendida por la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, quien incidió en que el déficit de 2019 está generado por la pérdida de ingresos relativa al impago del IVA de 2017 por parte del Gobierno central.

Así, además de indicar que el Ejecutivo asturiano reclama el importe al Estado y se trabaja para elevar la reclamación a los tribunales, ha insistido en la necesidad de esta autorización de endeudamiento para abordar el pago a proveedores, manteniendo los plazos medios del Principado que, apunta, son de los más ágiles de las comunidades autónomas.

En ese sentido, ha señalado la urgencia de "generar la liquidez suficiente" para "evitar retrasos que puedan agravar situación económica de algunos de los sectores más afectados por la pandemia".

Ana Cárcaba, que también ha destacado que Asturias es la cuarta comunidad con menos endeudamiento en relación al PIB, ha indicado que se dispondrá de "condiciones más favorables" que en fechas anteriores.

Según se expone en el texto aprobado, el importe ya asignado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) al Principado de Asturias a través de Facilidad Financiera para cubrir las desviaciones del objetivo de déficit del ejercicio 2019 pendientes de financiar y que supone el 75% del total previsto es de 55.500.000 euros, préstamo que devengará un tipo de interés del 0%. Estos recursos podrán ser utilizados exclusivamente como fuente de tesorería sin generar nuevo crédito presupuestario. El 25% restante será asignado a través del mismo mecanismo a lo largo del mes de octubre.

Además, la consejera ha aprovechado para remarcar que el sistema de financiación autonómica "aporta recursos insuficientes" para las necesidades de gasto de Asturias. Por ello, cree preciso iniciar cuanto antes la negociación del nuevo sistema, con el propósito de que ofrezca "financiación acorde a los servicios que se prestan y a su coste para las administraciones". En ese sentido, espera que se mantenga la unidad mostrada hasta el momento por los grupos parlamentarios para afrontar la negociación en el ámbito nacional.

IU se mostró a favor de la ley de endeudamiento, así como Podemos, aunque su diputado Daniel Ripa matizó que habría que analizar también la causa de la deuda generada. "No todos los gastos han sido apropiados", ha afirmado, criticando la deuda generada por Sogepsa o la Zalia, al tiempo que ha reclamado una reforma fiscal que permita corregir la infrafinanciación de los servicios públicos.

Desde Ciudadanos, la diputada Laura Pérez Macho ha dado el respaldo de su grupo al proyecto aunque ha criticado la falta de detalle en la intencionalidad. "Es algo más que un mero trámite y faltan datos", ha dicho, advirtiendo además de que con estos nuevos 74 millones, junto a los 30 millones aprobados en 2019, "en apenas un año se incrementó la deuda en 104 millones".

Para la diputada de Ciudadanos, igualmente, el modelo de financiación autonómica es "claramente insufifiente" y genera "déficit estructural" que la comunidad tiene que ir "parcheando" con deuda. Así, reitera al Principado la necesidad de exigir al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómica y la urgencia de reformar el sector público asturiano.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, confirmó su respaldo al proyecto para agilizar el pago a proveedores y requirió al Principado que exija el pago de la deuda relativa al IVA de 2017 y que se abra cuanto antes "el melón del sistema de financiación que penaliza a los asturianos".

Dos grupos optaron por la abstención, el PP y Vox. El parlamentario 'popular' Pablo González argumentó que su grupo se abstenía porque "los proveedores tienen que cobrar" pero ha criticado los "errores de gestión" de Ejecutivo asturiano. "Cada año han endeudado un poco más a los asturianos, siempre alegando una buena causa", ha dicho, incidiendo en que la deuda ronda los 5.000 millones de euros cuando hace 10 años era de 1.000 millones.

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, insistió en el rechazo de su partido al endeudamiento por entender que "lastra los recursos económicos de los ciudadanos". No obstante, desde Vox optaron por la abstención "para no dificultar el pago a proveedores".

Finalmente, el socialista Luis Ramón Fernández Huerga remarcó que esta ley permitirá en la actual coyuntura que las empresas "cobren en tiempo y forma por sus servicios". Además, criticó que fue el Gobierno del PP de Mariano Rajoy el que generó el actual "agujero" por su impago del IVA relativo a 2017, al tiempo que apuntilló que no se daría esta situación si hubiera prosperado el presupuesto de 2019 del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluía partidas para ese pago a las comunidades autónomas.