Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2017 sobre las 13.45 horas, cuando el acusado circulaba por la carretera CM-316 conduciendo un cuatriciclo en el que iba acompañado de su padre, J.A.D.M., y a la altura del kilómetro 30,902 en el término municipal de La Roda, faltando a la más mínima diligencia exigible en la conducción de vehículos a motor, realizó una maniobra de cambio de dirección a la izquierda.

Su propósito era acceder a un camino vecinal sin detener la marcha y sin respetar la preferencia de paso del vehículo con el que colisionó y que conducía V.B.M por el sentido contrario al del acusado, produciéndose así finalmente una colisión entre ambos.

Como consecuencia, J.A.D.M. sufrió un shock hipovolémico y falleció en el lugar del accidente. Por su parte, V.B.M. de 79 años, sufrió lesiones consistentes en cervicodorsalgia postraumática, por lo que precisó para su curación de una primera asistencia facultativa y de tratamiento rehabilitador alcanzando los 30 días de perjuicio básico y teniendo como secuela una dorsalgia valorada en un punto.

El fallecido que tenía en el momento del accidente 72 años, estaba casado con A.T.E. con la que convivía y tenía, además del acusado, dos hijos mayores de edad, estando uno de ellos en trámites de procedimiento de incapacitación.

En cuanto a daños materiales, el propietario del vehículo con el que el acusado colisionó no reclama nada al haber sido ya indemnizado por su compañía aseguradora.

Por su parte, la compañía de seguros del cuatriciclo, ha consignado con fecha 18 de julio de 2017, un total de 102.656 euros a favor de A.T.E., 20.401 euros a favor de J.A.D.T., y 20.401 euros a favor de J.D.T. Además, en fecha de 16 de febrero de 2018, ha consignado en 1.545,96 euros a favor de V.B.M.

Con todo ello y según el relato del fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente por el que se pide para el acusado la pena de 30 meses de prisión, y un delito de lesiones imprudentes por el que se pide seis meses de prisión. A estas penas, se añade la petición de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por un total de siete años.