En su sentencia, la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona absuelve a la Generalitat del pago de las indemnizaciones a los heridos como responsable civil subsidiaria, como pretendían las acusaciones, al considerar que no está probado que los funcionarios que se hallaban en la prisión fueran insuficientes ni que "se incumplieran previsiones legales en materia de controles y registros en la cárcel".

El motín, que destapó la masificación en las cárceles catalanas, ocurrió el 30 de abril de 2004 cuando un grupo de reclusos armados con pinchos agredieron a varios funcionarios y retuvieron como rehenes a algunos de ellos, por lo que el tribunal les condena por delitos de detención ilegal, intento de homicidio, lesiones, atentado y daños.