"Sorprende una vez más ver como la CHS exige a otras administraciones que velen por el cumplimiento de las normas que ellos mismos han aprobado", ha explicado Luengo en relación a las medidas cautelares aprobadas por la Junta de Gobierno de la CHS el pasado mes de julio y sobre las que "los servicios jurídicos de la Comunidad han concluido que su control compete exclusivamente al organismo que preside Urrea".

El consejero ha señalado que "durante la tramitación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, en la Asamblea regional, la CHS pudo haber aportado sus medidas e iniciativas, pero no quiso, ignorando la redacción de la norma".

Por ello, y ante la existencia de esa normativa regional aprobada por mayoría, "la Asamblea regional se ha pronunciado pidiendo su retirada", a lo que "se sumó la valoración contraria del Grupo de Trabajo del Comité Científico del Mar Menor a la aplicación de dichas medidas que consideraron ineficaces".

Del mismo modo, y en relación a la restitución de los terrenos con regadío ilegal, Luengo ha reiterado una vez más que "quien gestiona la cuenca es la CHS y por tanto quien otorga las concesiones de riego y, en su defecto, denuncia posibles irregularidades. Además, y en base al artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas es quien debe ordenar la restitución de los regadíos ilegales, cosa que no hacen tal y como ha reconocido Mario Urrea ante los asistentes del Foro de Coordinación Interadministrativo del Mar Menor".

"La CHS y Mario Urrea a la cabeza deberían asumir de una vez sus competencias y actuar, ya que la Comunidad lleva exigiendo desde mayo de 2019 que se le enviaran los expedientes con resolución firme de regadíos ilegales", ha indicado Luengo, "algo que volvimos a solicitar en las Juntas de Gobierno de diciembre de 2019 y de febrero de 2020, y no fue hasta mayo de este año cuando comenzaron a remitirnos los primeros expedientes".

"Debido a esa dejación de funciones de la CHS, la Asamblea incluyó en la tramitación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor un marco jurídico (ya existente en el Decreto Ley de 26 de diciembre) que permitiera al Gobierno regional actuar ante la inacción del organismo que preside Urrea y poder iniciar las restituciones de terrenos de regadío ilegal una vez se recibieran los expedientes", ha señalado Luengo.

Hasta la fecha, y con resolución firme, tan solo se han recibido 51 expedientes, que equivalen a 940 hectáreas, que han permitido a la Comunidad iniciar el procedimiento de restitución.

Por último, Luengo ha indicado que "nadie entiende que el bombeo de la Rambla del Albujón se paralice por una rotura y nadie de la CHS sea capaz de levantar el teléfono y avisar de inmediato, provocando un retraso en la tramitación necesaria para su reparación y, con ello, un perjuicio innecesario al Mar Menor".

"Quien quiere contribuir y colaborar a la recuperación del Mar Menor no pierde ni un solo segundo a la hora de actuar, por lo que no entendemos que desde el Ministerio se sigan manteniendo actitudes que, lejos de sumar, tan solo suponen impedimentos", ha concluido.