La enseñanza concertada se manifiesta este domingo en contra de la Ley Celaá en las tres capitales de provincia

La plataforma 'Masplurales', que agrupa a todos los participes de la enseñanza concertada de Aragón -familias, sindicatos y escuelas-, ha convocado manifestaciones este domingo, 22 de noviembre, en las tres capitales de provincia de Aragón para rechazar la reforma educativa que contiene la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como 'Ley Celaá', que se ha aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados.
Sector de la enseñanza concertada se manifesta este domingo en contra de la Ley Celaá en las tres capitales de provincia.
Sector de la enseñanza concertada se manifesta este domingo en contra de la Ley Celaá en las tres capitales de provincia.
EUROPA PRESS

Dichas movilizaciones se suman a las que tendrán lugar en las principales ciudades españolas. Las protestas se harán en coche para evitar contagios de la COVID-19. En Zaragoza, la salida tendrá lugar en el Campus Río Ebro y el recorrido finalizará en la plaza Paraíso. En Huesca, partirá del aparcamiento de Alcampo, y en Teruel, comenzará en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Todas ellas dará inicio a las 11.00 horas.

Los representantes de las organizaciones adheridas a la plataforma Masplurales han ofrecido una rueda de prensa en Zaragoza. Han sido la presidenta de Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fecapa) Aragón, Conchita Ibáñez; el presidente de las Escuelas Católicas de Aragón, José Luis Sampériz; el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), José María Marín; el secretario general del sindicato FSIE Aragón, Miguel Malla, y la secretaria general de la Federación de Enseñanza de USO-Aragón (FEUSO), Rosa de Lima San Nicolás.

Según han explicado, el Congreso ha aprobado un texto que recoge algunas enmiendas que han generado "fuertes críticas", como es el caso de la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

El texto también incluye otros cambios, como el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la exigencia de una oferta suficiente de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo, y la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública.

Además, contempla como excepcional la repetición de curso, incluye una cuarta modalidad de bachillerato más general y la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años. La ley ha sido apoyada con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País-Equo y Nueva Canarias.

ATENTA CONTRA PLURALIDAD EDUCATIVA

La presidenta de Fecapa Aragón, Conchita Ibáñez, ha señalado que estas organizaciones se han adherido a la plataforma 'Masplurales' en el ámbito nacional porque la 'Ley Celaá' "vulnera derechos" recogidos en la Constitución española y "atenta contra la pluralidad educativa", al tiempo que supone una "reducción" del modelo de enseñanza concertada y de la educación especial.

Según ha dicho, la 'Ley Celaá "elimina la demanda social y permite a la administración distribuir a los alumnos por centros, reduciendo significativamente la elección de las familias. Se trata de un derecho a la educación pública, cuando el derecho que recoge la Constitución es un derecho a la educación. Por ello, esta ley convierte a la educación concertada en subsidiaria de la pública".

La presidenta de Fecapa Aragón ha considerado también que esta ley está tramitada "sin consenso" y "rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación". Además, "acentúa el papel inclusivo del Estado en el país, en detrimento de las libertades de la ciudadanía". "Debemos escoger el verbo elegir y nunca el verbo asignar", ha remarcado.

Ibáñez ha afeado que la reforma se haya tramitado en plena pandemia de la COVID-19, "cuando no es el momento para una nueva ley que afecta a todas la sociedad" y puesto que la comunidad educativa "está ahora en lo que tiene que estar, que es intentar paliar los efectos negativos de la pandemia a todos los niveles, trabajando codo con codo con las administraciones, los centros, el profesorado y las familias para sacar adelante los retos educativos y sociales que plantea este delicado momento".

Todos los miembros adheridos a la plataforma han solicitado un pacto educativo que aúne a toda la comunidad educativa ya que "en los últimos años hemos tenido ocho leyes educativas, y eso no puede ser", ha añadido Ibáñez.

CONSENSO EN ARAGÓN

La presidenta de Fecapa ha subrayado que "afortunadamente" en Aragón "existe la convivencia pacífica" entre los modelos de enseñanza pública y concertada, y "ese pacto social que tenemos aquí queremos que se traslade al ámbito nacional", ha apostillado.

Según los datos de estas organizaciones, la educación concertada representa más del 25 por ciento en la comunidad aragonesa -con 110 centros, 5.000 profesores y 60.000 alumnos-, y en el caso de la ciudad de Zaragoza, esta cifra asciende al 37 por ciento.

Para el presidente de las Escuelas Católicas de Aragón, José Luis Sampériz, estas cifras no son "insignificantes". Por eso, la aprobación de esta reforma supone un "mazazo" para la educación en general. "Volvemos a encontrarnos con otra ley personalista, sin consenso, sin diálogo y precaria", ha lamentado.

Asimismo, ha expuesto que esta comunidad autónoma ha sido posible "llegar a un pacto educativo y social y a un pacto político", igual que ha ocurrido a causa de la pandemia, cuando se ha logrado el apoyo político mayoritario y de los agentes sociales a la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica.

"Estoy orgulloso de ser aragonés porque hemos sido capaces de remar todos en la misma dirección", pero ahora "nos encontramos con algo que nos viene impuesto" desde Madrid y por eso "vamos a salir a la calle el domingo a decir 'así, no'; dialoguemos y lleguemos a acuerdos", ha insistido el presidente de las Escuelas Católicas en Aragón. Sampériz ha querido recalcar que no están buscando un enfrentamiento entre la educación pública y la privada, sino de una "convivencia pacífica".

CALIDAD

El secretario general del sindicato FSIE Aragón, Miguel Malla, ha detallado que el Gobierno de España ha modificado la LOE, "que también creo un Gobierno socialista, que decía que la educación se basaba en los dos pilares de centros públicos y privados-concertados como garantía de la calidad de la enseñanza".

Con la LOMLOE, "se tacha esta última frase -garantía de calidad- y se añade la de que la oferta pública será mediante una 'oferta suficiente' de las plazas públicas, es decir, ya no cuenta con nosotros", ha evidenciado. Por eso, tendrán que "comprar o construir colegios para cubrir esas plazas".

Malla ha contado que antes de la escolarización "hay una planificación" y, por ejemplo, este año en Aragón ha habido 25 aulas sin demanda en la pública que, con la reforma, "se llenarán, con lo cual cerrarán 25 aulas de la concertada y los trabajadores de esas aulas se irán a la calle".

Ha matizado, no obstante, que en Aragón existe un "acuerdo de colocación", de forma que, que mientras se puede, "se recupera a estos profesionales, pero la absorción que tienen los centros ya no es tan grande", además de que "somos de las pocas comunidades autónomas que tenemos este acuerdo, gracias a que aquí se dialoga", ha subrayado.

Por su parte, Sampériz ha aclarado que esta ley permite esta situación, pero "dependerá de cada administración autonómica, ese es el peligro". En este momento, aquí en Aragón, "estamos lejos de pensar que pueda ocurrir esto", ha concluido.

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