Manuel, uno de los antiguos educadores del centro de menores de Picón del Jarama (ubicado en la localidad madrileña de Paracuellos de Jarama) que denunció los malos tratos al Defensor del Pueblo, aseguró ayer a 20 minutos que el centro gestionado por la Fundación O'Belén viola todos los derechos de la infancia.

"He visto cómo han metido a un chaval en una celda de aislamiento 70 horas. Es tan brutal, que los jóvenes acceden a sedarse para poder soportar mejor el castigo. Los vigilantes les dejan la droga disuelta y ellos, al paso de las horas, se la toman sin resistencia para no darse cuenta", comenta el educador.

Otro antiguo empleado de la Fundación O'Belén, que trabajó en un centro en Tetuán (Madrid) explicó desconsolado que "siempre pasa lo mismo y nunca se hace nada".

Un testigo de los abusos 

Este profesional asegura que en 2007 el de Tetuán fue cerrado "por maltratar a sus internos" y que los 8 chavales que había en sus instalaciones fueron trasladados a otro de la misma Fundación, casualmente a Picón de Jarama.

Se llama Ángel y ayer dio un nuevo tirón de orejas a los responsables del centro de menores con trastornos de personalidad en Picón. El menor asegura que los jóvenes del centro sufren "malos tratos" por parte de los cuidadores mientras otros chicos "están totalmente empastillados".

Mientras tanto, el presidente de la Fundación O'Belén, Emilio Pinto, reiteró ayer que en el centro de menores de Picón del Jarama, que gestiona junto con la Comunidad de Madrid, "no se ata ni se maltrata a ninguno de los jóvenes como dice el informe del Defensor del Pueblo, además hay que tener en cuenta que aquí acuden los jóvenes más complicados de la sociedad".

Investigación de la Fiscalía

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, explicó ayer que pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue los presuntos malos tratos que se cometen en centros de menores.

Por otro lado, la Consellería de Bienestar Social de Valencia ordenó que se abra un expediente para investigar las irregularidades denunciadas por el Defensor del Pueblo en los centros de Baix Maestrt de Vinaros (Castellón) y L'omet de Elche (Alicante).