Así ha informado la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) este miércoles en una nota de prensa. El recurso se dirige contra el acuerdo que adoptó en agosto el Consell de Govern, por el que se incrementaban un 2% las retribuciones básicas pero a la vez se reducían en el mismo porcentaje las complementarias.

En la práctica, esto implica anular la subida contemplada en los presupuestos estatales y supone una congelación de los salarios. Por ello, el sindicato entiende que el movimiento del Govern "incumple los principios de buena fe y seguridad jurídica".

Además, argumenta que "se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva". ""El personal público de Baleares es al único de todo el Estado al que no se le ha actualizado el salario un 2% en 2020, tal y como estaba acordado con las fuerzas sindicales", han denunciado.

UGT ha aclarado que el recurso no entra en "el segundo recorte que quiere implantar el Govern balear sobre su personal público, el del 0,9% para el próximo año", porque aún no hay norma ni acto administrativo concreto contra el que actuar jurídicamente. Por el momento, está incluido en el proyecto de las cuentas de la Comunidad para 2021 y se informó a los sindicatos en mesa sectorial.

"De esta forma, el Govern balear ha decidido de manera unilateral recortar un 2,9% el salario a los trabajadores de la Administración balear", ha lamentado FeSP-UGT.

La central sindical ha calculado que el recorte del 2% supone de media unos 1.000 euros anuales a cada trabajador público de la comunidad en 2020, a lo que habría que sumar unos 475 euros por la rebaja del 0,9% planeada para 2021.

MOVILIZACIONES

Por ello, la Federación reclama abrir negociaciones con el Govern "para establecer un calendario de pago de obligado cumplimiento cuando la situación económica de la comunidad mejore".

Mientras, UGT mantiene movilizaciones el próximo lunes, día 23, con una concentración a las puertas del Hospital de Son Espases, y a la semana siguiente, el lunes 30 de noviembre, la protesta se trasladará a la Conselleria de Educación.

"FeSP-UGT ha demostrado en los momentos complicados que se puede conjugar el interés general con el respeto a los derechos de los servidores públicos, pero nunca aceptará decisiones unilaterales de un gobierno, sea del color que sea, que no de voz a los interlocutores sociales", ha concluido el sindicato.